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Editorial
Domingo 22 de mayo de 2016
El discurso y la realidad
Desatender hoy la falta de actividad económica puede traducir prontamente en un cuadro de desempleo, agravado por la tendencia a la mecanización que impulsan las innovaciones tecnológicas y las desacertadas regulaciones laborales...
No era fácil rendir cuenta de la gestión gubernamental con los índices probablemente más bajos de aprobación ciudadana que registra un mandato presidencial desde el regreso a la democracia, pero era una oportunidad para hacer profundas rectificaciones para cambiar ese estado de cosas, o insistir en la línea de reformas estructurales, desprolijamente ejecutadas, que han marcado estos dos años.
Lo anterior no está resuelto en el mensaje presidencial y parece expresarse en el contraste entre el discurso oficial -con significativas omisiones- y la realidad del vandalismo que se manifestaba en la calle.
Porque hay positivas señales orientadas a restablecer las confianzas y crear un clima favorable al crecimiento. Así se valoran sus definiciones sobre la imposibilidad de mejoramiento social sin crecimiento; la importancia del respeto al derecho de propiedad; la necesidad de asumir con seriedad el desafío del crecimiento económico de manera compenetrada entre el sector público y el sector privado; y el rechazo al populismo. Asimismo, la Mandataria no extendió el marco de las reformas estructurales que ha impulsado su gobierno.
Pero, simultáneamente, la Presidenta expresa: "Si no hacemos los cambios todos juntos y ahora, las tensiones y obstáculos crecerán y frustraremos nuestra oportunidad de progreso". Y esa frase -que reafirma la vocación refundacional del Ejecutivo- es el texto escogido como foco del mensaje en el sitio oficial de la presidencia, manifestando la clara ambigüedad que aqueja al Gobierno.
Lo propio ocurre cuando el discurso presidencial omite toda referencia a La Araucanía, epicentro del desafío más directo que enfrenta el Estado de Derecho en el país. Los episodios de violencia en la zona eran ineludibles en cualquier análisis sobre la seguridad pública durante el año 2015. Esa omisión contrastó aún más nítidamente con el protagonismo que adquirió la violencia callejera que rodeaba a la cuenta pública.
Fue tal la gravedad de los hechos que los canales de televisión se vieron forzados a postergar el tradicional balance de la cuenta pública, para dar paso a la cobertura en directo del vandalismo organizado que desbordaba a la fuerza pública en las afueras del Congreso y que en esta ocasión cobró la vida de un guardia municipal que murió asfixiado en el incendio provocado por manifestantes afanados en saquear un local comercial.
Es claro que el debilitamiento del orden público no se puede confinar a La Araucanía, cual compartimento estanco, y tampoco se puede ignorar en la cuenta presidencial, cual si esa realidad no existiera.
De los gestos a las acciones
Se abre un tiempo -será de 30 o 60 días- en que las buenas señales del discurso deben manifestarse en acciones que infundan confianza en la gestión económica de las autoridades, reanimen la inversión, despejen la incertidumbre respecto de la interpretación del marco laboral del país, entre otros. De ahí que resulte preocupante -y otra ambigüedad- la ausencia en el mensaje de definiciones en un tema tan relevante como la manera en que el Ejecutivo piensa resolver la situación planteada con el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral.
No se puede desaprovechar este impulso del Gobierno por restablecer las confianzas y revalorizar el crecimiento. Lo contrario sería condenar las posibilidades de los próximos dos años, transformando esas invocaciones en una mera retórica carente de contenido, y por ende ineficaz para reanimar nuestra economía.
La Mandataria debe reconocer el punto de inflexión en que se encuentra la economía del país, y el papel que juegan sus acciones. Porque siendo valioso, no basta con resaltar el valor de la propiedad privada, cuando se enfrenta un proceso constituyente sin bordes ni contenido claro, cuyo cauce tampoco lo constituyen la institucionalidad del país, sino una estructura paralela de dudosa representatividad.
Desatender hoy la falta de actividad económica puede traducir prontamente en un cuadro de desempleo, agravado por la tendencia a la mecanización que impulsan las innovaciones tecnológicas y las desacertadas regulaciones laborales. Eso obligaría al Gobierno a atender con recursos que hoy escasean un problema social creado en importante medida por nuestras propias acciones y no impuesto por la realidad internacional, como se quiere creer en muchas ocasiones.
La Jefa de Estado cuenta para esos efectos con la inequívoca voluntad de los actores económicos, que valoraron su reconocimiento -en el mensaje- a lo obrado y avanzado por el país en las pasadas décadas, algo de lo que se sienten orgullosos y activos participantes junto a la gestión gubernamental de los últimos 30 años.