Hace algunos días, después de la reunión de su Consejo Político realizada en la sede de Libertad y Desarrollo, Chile Vamos anunció que "institucionalmente no avalará ni legitimará el denominado proceso constituyente de este gobierno, puesto que no cuenta con las garantías que permitan un proceso legítimo". El senador Allamand lo explicó con su proverbial rudeza: "No participamos de un proceso tramposo y manipulado por el Gobierno". A las pocas horas, no obstante, Evópoli y algunos parlamentarios del conglomerado opositor anunciaron que ellos sí participarían. "Al quedarnos afuera como taimados -indicó el senador Ossandón-, al final vamos a quedar sin voz ni nada, vamos a quedar fuera del sistema y al final nuestro reclamo va a servir de poco (...) Reconozco que la cancha está dispareja, pero hay que jugarla porque es un hecho".

La decisión del bloque opositor ocurrió en un mal momento. La encuesta GfK Adimark indicó que 64 por ciento de los chilenos estaría interesado en participar en el proceso constituyente. No significa que lo vayan a hacer, pero sí que lo miran con simpatía, ante lo cual su responsable, Roberto Méndez, señaló que "sería malo que el proceso constituyente convocara solo a la izquierda y no a independientes y de derecha también".

Al mismo tiempo los gremios empresariales anunciaron que recomendaban a sus asociados participar. En su decisión pesó seguramente que quedarse abajo de un movimiento que ya partió y que los chilenos miran con cordialidad podría ahondar el ya profundo divorcio de la empresa con la sociedad. Y también que, en los duros tiempos por los que atraviesa el prestigio del capitalismo, sería una irresponsabilidad no aprovechar cualquier oportunidad que se presente para dotar de mayor legitimidad democrática a los principios institucionales sobre los que este reposa y para superar el peso simbólico con el que carga: su identificación con la dictadura. Esto por cierto no gustó al senador Allamand, que acusó a los empresarios de actuar "con total miopía e ingenuidad frente al proceso constituyente", y los instó a que "corrijan sus puntos de vista y no pisen el palito".

Por si eso fuera poco, a pocos días de la decisión de Chile Vamos de marginarse del proceso, el Consejo Ciudadano de Observadores se enfrentó nuevamente con el Gobierno, que mira con perplejidad cómo este organismo le ha venido expropiando el control del proceso constituyente. Ante el deseo exteriorizado por el Ejecutivo de dejarlo para sí, su presidente, Patricio Zapata, advirtió que "el consejo entiende que su labor solo estará completa si es que redacta las bases ciudadanas" a partir de las cuales la Presidenta de la República elaborará su propuesta constitucional. Después de algunas horas de tiras y aflojas el Gobierno volvió a ceder, y aceptó que esta tarea recaiga soberanamente en el Consejo. La forma en que se resolvió este incidente siembra aún más dudas sobre la tesis de Allamand de que entramos ante un "proceso tramposo y manipulado por el Gobierno".

En una época bastante más dramática, se dio un debate parecido al que hoy desgarra a Chile Vamos. Fue ante el plebiscito de 1988. En lugar de denunciarlo y combatirlo, como querían los más puristas, o de insistir en el llamado a elecciones libres, la oposición a Pinochet decidió tomar el riesgo y participar. Esa cancha sí que estaba dispareja; pero aun así el NO triunfó, y el régimen tuvo que aceptarlo.

Aldous Huxley decía que "quizá la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia". Ojalá Chile Vamos sea una excepción. De lo contrario, me temo, el proceso constituyente podría transformarse en su Waterloo.