En el marco del proceso constituyente, el miércoles pasado el presidente del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), Patricio Zapata, reafirmó ante la comisión de Constitución de la Cámara el interés de esta entidad de hacerse cargo de la redacción de las conclusiones de los cabildos como, finalmente, parece haber sido aceptado. Esta declaración marcó una diferencia con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien inicialmente había expresado algo distinto poco antes en la misma reunión, al señalar que dichas conclusiones habrían de ser elaboradas por un equipo transversal compuesto por profesionales del PNUD y las universidades de Chile y Católica, supervisados tanto por el CCO como por el mismo Ejecutivo.

La declaración de Zapata estuvo acompañada, incluso, por el anuncio de dimisión de varios consejeros en caso de que el Gobierno no le cediera explícitamente la redacción de esos documentos. Así, se acordó que existirá una sistematización de actas de cabildo a cargo de un equipo transversal que será supervisado por el CCO, a lo que se sumará un texto interpretativo redactado por el consejo.

La importancia de las conclusiones de los cabildos radica en que ellas constituirán el insumo exclusivo para la posterior redacción de las bases ciudadanas -que ya se había definido que estará a cargo del CCO-, que a su vez son el documento sobre el que se fundará el proyecto constitucional que presentará la Presidenta Bachelet al Congreso. En atención a su trascendencia y a la necesidad de que esas bases sean el fiel reflejo de la opinión ciudadana vertida durante el proceso de participación, parece entonces justificable que el CCO haya vuelto a dar una muestra del celo con el que ha asumido el encargo presidencial que lo faculta como garante de la totalidad de este particular ejercicio participativo.

Lo que llama la atención, sin embargo, son las constantes señales de reticencia de personeros del Gobierno a respetar a un consejo que se muestra consciente y empoderado en su rol de veedor, más aún cuando el proceso por cuya legitimidad debe velar no ha estado exento de dudas y recelos que son entendibles y atendibles.

Así como los consejeros no han tardado en comprender que el papel que representan ante la opinión pública les exige actuar con firmeza y notoriedad cada vez que la ecuanimidad y fe pública del proceso que supervisan se ven amenazadas, un actuar igualmente transparente y definido sería esperable del Gobierno en un proceso tan delicado como este.