El Arzobispado de Santiago ha difundido en parroquias una cartilla sobre el actual proceso constituyente. En él se plantea "¿qué necesita saber y hacer?" un católico al respecto, con una somera referencia a las razones por las cuales se está proponiendo un cambio a la Constitución, algunas nociones básicas sobre qué es una Carta Fundamental, y por qué ella es importante para los católicos.

No se advierte en este documento sesgo alguno. La jerarquía de la Iglesia de Santiago, dejando expresa constancia de que en "materia política no existen verdades absolutas", tiene pleno derecho a expresar su posición, como cualquier otra institución, grupo o persona, y tanto más tratándose del credo mayoritario en el país. En ese marco, es natural también que enumere 12 elementos que "resultan importantes para un católico" en el proceso constituyente, entre otros el derecho a la vida, derechos humanos, derechos sociales, libertad religiosa, familia y matrimonio, sobre los que, según se anuncia, se abundará próximamente en otra cartilla.

Igualmente, sería inobjetable que la Iglesia decidiera pronunciarse frente a un texto concreto que, por sus alcances, pudiera tener efectos en todos sus miembros. No obstante, dado que dicho texto oficial no existe, resulta más que opinable que lo haga respecto de un procedimiento controvertido, como lo es el que el Gobierno está impulsando. Al hacerlo, se presta a eventuales interpretaciones en cuanto a que comparte el diagnóstico de por qué este reemplazo constitucional sería necesario y, además, aprueba el procedimiento específico de cambio. Así, en cierto modo, el Arzobispado de Santiago aparecería legitimándolo, pues no se trata de una cartilla emanada del Episcopado de Chile. Como es evidente, este tipo de diagnósticos (un presunto conflicto social ya instalado en nuestro país) y un procedimiento (presuntamente participativo, no manipulado) es, precisamente, lo que se discute hoy con acritud y con reservas de gravedad por muchos sectores. Naturalmente, los católicos no están ajenos a esa disparidad de opiniones, lo que probablemente este folleto no considera en toda su proyección.

Sin duda, es posible que la Iglesia de Santiago responda a una comprensible aprensión frente a la eventualidad de que el nuevo texto constitucional contuviere normas que transgredan derechos fundamentales, como el respeto por la vida, ante lo cual prefiere, en esta hipótesis, desplegar un intento de evitar tal regresión desde la misma base de los encuentros ciudadanos convocados por el Gobierno. Pero eso solo sería una advertencia adecuada a quienes libremente deseen participar en esta etapa.

Pero al validar del todo esa vía, arriesga entrar en terreno resbaladizo, pues el proceso que impulsa el conglomerado de gobierno carece de base en la normativa vigente, depende del Ejecutivo -posponiendo al Congreso Nacional a un plano no precisado- y bien podría incluso mover a confusión a la ciudadanía, para la cual, según todos los datos de opinión pública de que se dispone, la reforma constitucional no es un asunto prioritario.

La Iglesia mal podría estar ajena a tema contingente alguno que concierna a su amplísimo ministerio en favor de las almas, pero no es evidente que estas cartillas respondan desde ahora a esa misión superior. Más que un problema de legitimidad para opinar, se trata de una cuestión de oportunidad sobre el momento adecuado para hacerla valer.