Señor Director:

"Cuando, en el uso de sus facultades, el Ejecutivo y el Congreso difieren en torno al ámbito de sus atribuciones exclusivas, la Constitución contempla dos instituciones específicamente destinadas a resolver los conflictos por medios jurisdiccionales o políticos, evitando así los peligros del enfrentamiento entre poderes del Estado. En las divergencias surgidas hasta el momento, tanto el Congreso como el Gobierno han requerido, en diversas oportunidades, al Tribunal Constitucional, la instancia más ágil, rápida y expedita de que dispone nuestro régimen político para resolver este tipo de problemas. Siendo dicho organismo independiente y autónomo, no podemos sino condenar duramente las campañas interesadas de los sectores que buscan inhabilitarlo amenazando, de esta forma, el Estado de Derecho". Con estas palabras pronunciadas el 21 de mayo de 1973, el ex Presidente Salvador Allende defendía certeramente tanto la función como la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional.

La anterior cita nos muestra que, desde su nacimiento en 1970, el Tribunal Constitucional ha cumplido con su rol de limitar y armonizar los poderes públicos. Esta función, tan necesaria como incomprendida, ha puesto a esta institución en muchos de los más álgidos conflictos políticos de las últimas décadas. Y como ocurre en todas las democracias occidentales donde existe esta institución, sus resoluciones son objeto de legítimo debate. Pero lo que no es legítimo es cuestionar la existencia y aporte de este órgano cada vez que sus fallos no nos dan la razón plenamente, porque tal como lo señaló el exmandatario, ello implica una amenaza al Estado de Derecho.

El Tribunal Constitucional es una pieza clave en la división y separación de los poderes del Estado y, por tanto, es un aliado de la democracia, la libertad y el respeto de los derechos de las personas. Recordemos lo que nos decía Montesquieu en "El espíritu de las leyes": "Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres Poderes: El de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares".

Cristián Larroulet V.
Académico Facultad de Economía y Negocios-UDD