¿Debe participar la oposición en los cabildos constitucionales? Algunos piensan que sí. Les aterra que pueda repetirse en Chile el caso de Venezuela, donde en 2005 los contrarios a Chávez se retiraron de las elecciones parlamentarias por falta de garantías, y solo consiguieron que el chavismo tomara el control absoluto del Legislativo. Otros dicen que si no participa no podrá criticar las deficiencias del proceso. No faltan, en cambio, quienes afirman que hay que marginarse de un sistema que consideran espurio.

En realidad, son dos las cuestiones que hay que clarificar: ¿Estamos ante un proceso confiable? y ¿resulta razonable que la oposición tome parte de él?

La confiabilidad del sistema hace agua por cuatro costados: el proyecto mismo de Michelle Bachelet, los facilitadores, el Consejo de Observadores y la participación de las autoridades. La Presidenta necesita estos cabildos para presionar a los parlamentarios, que por propia iniciativa jamás le darán el quórum de 2/3 necesario para cambiar el procedimiento de modificación constitucional sin tener indicios de los cambios de fondo que se buscan. Para ella nada mejor que el cheque en blanco que le dan unos cabildos bien manejados.

Pero aún en el caso de que se lleve a cabo una deliberación libre de dominio, sin presiones asambleístas y con la participación de millones de chilenos, ¿quién garantiza que sus conclusiones sean recogidas fielmente? Los famosos facilitadores. Un grupo de parlamentarios investigó su identidad ideológica recurriendo a lo que han dicho en medios de comunicación y redes sociales. El resultado es sorprendente, porque más de la mitad de ellos no solo poseen una sensibilidad de izquierda, sino que son activistas de causas muy radicales. Poner en sus manos la transparencia del proceso implica encargar al zorro el cuidado de las gallinas.

No estamos aquí ante los Founding Fathers reunidos para redactar la Constitución norteamericana, sino ante un ejemplo más de esa democracia patotera a la que resultan tan afectos algunos en la Nueva Mayoría.

Del Consejo de Observadores, mejor no hablemos: a sus integrantes les sobra buena voluntad, pero no tienen ninguna posibilidad de controlar el proceso. Además, como dijo con humor su presidente, son "un grupo de personas nombradas a dedo, casi todos hombres, casi todos capitalinos, y casi todos abogados; un grupo siniestro".

La participación de las autoridades tampoco ha sido un modelo de imparcialidad. Desde la Presidenta y hasta el 40% de los facilitadores, que son funcionarios públicos, todo apunta en una dirección muy determinada. Pero como se disfraza de una neutralidad inexistente, hay que concluir, para decirlo en chileno, que estamos en presencia de un tongo, una maniobra no muy distinta a la estafa piramidal de "AC Inversions" (notable el parecido de las iniciales), donde se promete todo y al final no se paga nada.

Las estafas funcionan si hay una víctima que, por codicia o ingenuidad, está dispuesta a participar en ellas. Este tongo solo será exitoso si puede ser presentado como expresión de la opinión del país. Pero esto solo resulta en la medida en que la oposición colabore. Si al final del proceso queda claro que allí únicamente se están recogiendo los anhelos de un grupo numéricamente no muy representativo de chilenos, la operación Bachelet se habrá frustrado y el Congreso tendrá libertad para abordar, si lo estima necesario, un tema que figura como décima prioridad en las inquietudes de los ciudadanos.

Por otra parte, aunque el Gobierno esperaba otra cosa, las masas no se han volcado a los cabildos: ¿Para qué prestarle ayuda a un engendro político que, por ahora, no ha mostrado capacidad de caminar por sus propios medios? Los partidos de Chile Vamos no pueden, naturalmente, prohibir a nadie que vaya a los cabildos, pero cometerían un error si ayudan a tejer una soga que terminará por ahorcarlos.

La abstención que propongo no significa liberar a la centroderecha del deber de poner temas relevantes en la discusión pública. Su inmovilismo intelectual ha permitido que surja toda suerte de propuestas descabelladas. La culpa no es solo de la Nueva Mayoría.

La negativa a participar no quita legitimidad para criticar este juego donde las cartas están marcadas. Tampoco sirve el precedente de Venezuela: aquí no se trata de excluirse del Parlamento, sino de reconocer que, en una democracia representativa, el lugar para tratar los cambios constitucionales es el Congreso de la República y no cualquier calle o callejón.