Fue escasa la asistencia a los encuentros locales que el pasado sábado dieron inicio formal a la etapa participativa del proceso constituyente impulsado por el Gobierno. A las dudas ya expuestas por diferentes personeros políticos en relación con la pluralidad y neutralidad de quienes conducirán y facilitarán el proceso, se sumaron ahora la capacidad de convocatoria por parte de La Moneda y el real interés ciudadano por participar. Aunque se trata solo del inicio, y no es posible sacar conclusiones definitivas, lo ocurrido pone de relieve la necesidad que tiene el Gobierno, si quiere que este sea un proceso participativo amplio y activo, de redoblar los esfuerzos para que así ocurra, en un tema de tan baja prioridad ciudadana -lugar décimo en una reciente encuesta de inspiración favorable al Ejecutivo-.

En funcionamiento hasta el 23 de junio, estos encuentros locales que comenzaron el pasado fin de semana consisten en reuniones autoconvocadas que deben congregar entre 15 y 30 personas, y en las que se discuten tres temáticas que debiera contemplar una Constitución: valores y principios; derechos, deberes y responsabilidades; e instituciones del Estado. Este es el primer nivel de incidencia ciudadana de los tres contemplados de acuerdo al procedimiento de participación ciudadana diseñado por el Ejecutivo, al que seguirán uno provincial y otro regional. Así, el 23 de julio tendrán lugar en todas las capitales provinciales del país los cabildos provinciales, donde se retomará la misma discusión de la etapa local, pero a partir de la síntesis de sus conclusiones, considerando además la síntesis de los aportes individuales emitidos a través de un portal web. Finalmente, el 6 de agosto está programado que se lleven a cabo los cabildos regionales, donde se revisarán los acuerdos y desacuerdos provinciales buscando articular consensos de carácter regional. Como resultado de todo el proceso de participación ciudadana se redactarán unas bases ciudadanas que deberán expresar el conjunto de los acuerdos logrados a nivel nacional, sin olvidar los acuerdos parciales y los desacuerdos. Este documento, según se declara en el video informativo elaborado por el Gobierno, incidirá en la propuesta de Constitución que la Presidenta presentará al país.

Preocupa entonces que tan importante esfuerzo se vea disminuido en su partida por problemáticas tan pedestres y, sin embargo, tan determinantes como la imposibilidad de constitución de los encuentros locales por inasistencias de personas que se habían comprometido previamente a participar pero llegado el día de hacerlo se ausentaron. Preocupa que de negligencias como estas, sea que provengan de rasgos culturales o de contingencias climáticas, dependa un proceso democrático con tan grandes repercusiones para el porvenir nacional, lo mismo que la discusión desarrollada en los encuentros, que, como se pudo observar el sábado pasado, ignora elementos de juicio que resultan ser los rudimentos indispensables para poder llevar adelante un debate productivo. Sin que aún se entre en sus debidos detalles, preocupa además, como se ha hecho presente en numerosas oportunidades, la transparencia del mecanismo mediante el cual se espera reflejar y articular, con el fin de servir a la propuesta de Constitución posterior, la pluralidad de posturas resultantes.

Es posible que las fallas advertidas hasta ahora se deban principalmente a los tropiezos propios de la puesta en marcha, pero es útil recordar que lo que se ha querido salvar aquí es precisamente la legitimidad democrática de nuestra Carta Fundamental, razón suficiente para no dejar la participación ciudadana librada a los infortunios de un proceso inédito ni a las opacidades propias de una novedad.