El proceso de cambio constitucional chileno es imperfecto y persona alguna puede reclamar su autoría. Sus etapas de información ciudadana, participación individual y en cabildos, la deliberación sobre uno o más proyectos de Constitución, y de sus procedimientos constituyentes, en este y el próximo Congreso, probablemente concluirá con un referéndum constitucional. Hasta ahora, ha contado con la valiosa contribución de quienes quieren mantener la Constitución vigente o hacer reformas mínimas, los que abogan por un cambio constitucional total, y los partidarios de la asamblea constituyente. Lamentablemente, algunas personas han descalificado su participación ciudadana.

Por ejemplo, el profesor de la UDP y columnista Jorge Correa ha pronosticado una y otra vez una escasa participación, que según él no sobrepasará el 0,05% de los electores. Para fundar sus afirmaciones refiere la capacidad que tienen los teatros provinciales y de región. Su cálculo no entrega más elementos de fundamentación y omite referir las diversas etapas del proceso. Su crítica también ha preguntado de manera retórica cuál ha de ser la "incidencia" del proceso constitucional ciudadano, en circunstancias que él mismo contribuyó a instalar esa dudosa y equívoca palabra, en reuniones ministeriales y en el discurso público.

Se le ha sumado el también columnista y rector de la UDP, Carlos Peña, para el que los cabildos ciudadanos no son más que un "focus group" y dice que sus resultados serán incompatibles con la deliberación parlamentaria, todo lo cual ha sido planeado para beneficiar al Gobierno. Esta supuesta conspiración y mercadotecnia política se desmienten al constatar que en Chile ya compiten varias visiones constitucionales, dentro y fuera del Gobierno. Carlos Peña también se equivoca al juzgar el proceso ciudadano con las ideas de Bentham, porque su política es indistinguible de la utilidad sobre un bien de consumo, y al citar a Hume, porque con él se hace escéptico de la deliberación ciudadana.

Estas adivinanzas y pronósticos omiten señalar, por ejemplo, que con una simple identificación el proceso constitucional chileno permite a las personas participar de forma individual y reflexiva. Tampoco se dice que en los encuentros locales es posible reunirse varias veces, hasta llegar a un proceso deliberativo, ni que a su tiempo habrá debate en el Congreso y seguramente referéndum. Algunas de sus críticas a los cabildos provinciales y regionales tienen valor, pero no formulan propuestas para mejorar esta importante iniciativa. Su descalificación de la ciudadanía no aporta en ideas constitucionales y es sesgo y petición de principios.

No estamos condenados a percibir el proceso ciudadano que se ha abierto en Chile desde una óptica utilitarista, escéptica y, en definitiva, conservadora. En un seminario internacional organizado recientemente por la Segpres, el Instituto IDEA y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Tom Ginsburg, de la Universidad de Chicago, dijo que la forma constituyente que había elegido la Presidenta de Chile le parecía semejante a la "posición original" de John Rawls, quien en su "Teoría de la Justicia" propone que todos los ciudadanos deben acordar participar en una serie de etapas para encontrar principios de justicia, que han de inspirar la Constitución y las leyes en una sociedad bien ordenada.

Es verdad que las ideas de Rawls suponen una serie de restricciones que no están presentes en el caso chileno. Sin embargo, la Presidenta de la República, al entregar una decisión sobre el procedimiento a un Congreso constituido, y al proponer que sea el siguiente Congreso el que discuta el proyecto de la nueva Carta Fundamental, también está siguiendo una lógica parecida a la que propone Rawls. Además, los parlamentarios que se elijan para entrar en funciones a partir de marzo de 2018, con un sistema electoral proporcional, estarán actuando con un "velo de ignorancia", y deberán "decidir bajo condiciones de máxima incertidumbre", y desde esa posición política relativa tendrán que deliberar sobre la cuestión constitucional.

Así, se aceptan todas las críticas respecto de cada una de las etapas del proceso constituyente chileno, particularmente aquellas que se refieren a sus formas políticas más innovadoras, pero especialmente se agradecen las que pueden contribuir a su mejora.

Pablo Ruiz-Tagle
Profesor titular de Derecho Constitucional Facultad de Derecho, Universidad de Chile