No es realista la afirmación de los rectores del Consorcio de Universidades del Estado respecto a que está en riesgo la existencia de un sistema de provisión mixta en la educación superior por "la inminente desaparición del sector estatal".

La educación superior se ha financiado en los últimos años a través de una serie de partidas de distinta naturaleza. Para los estudiantes ha habido becas y créditos que exigen requisitos académicos y de acreditación de las instituciones. Existen dos grandes sistemas de crédito, que tienen diferencias en el origen de los fondos y en su diseño específico, aunque ambos tienen tasas de interés del dos por ciento y son contingentes al ingreso. El crédito se puede solicitar hasta por el arancel de referencia. Las becas, para el 70 por ciento más vulnerable en los últimos dos años, son hasta por el arancel de referencia en las universidades del Consejo de Rectores y un monto de un millón 150 mil pesos en las universidades privadas y hasta por 900 mil pesos a partir de este año (comenzando en los 600 mil pesos y cuyo monto exacto depende de la naturaleza de la institución) en los institutos profesionales y centros de formación técnica.

A estos instrumentos se sumó el aporte por gratuidad, que es para los estudiantes pertenecientes al 50 por ciento de los hogares más vulnerables que asisten a 30 universidades (las 25 del Consejo de Rectores y otras cinco que están fuera de esa organización). Estos aportes no están sujetos a criterios académicos (puntajes PSU o notas en enseñanza media). Su límite es el arancel regulado (que, en general, se alinea con los actuales aranceles de las universidades estatales) y obliga a las universidades a respetar ese valor, a diferencia de lo que sucede en el caso de créditos y becas, en que las instituciones de educación superior pueden cobrar la diferencia entre el arancel de lista y el aporte del Estado. Los incentivos que establece este conjunto heterogéneo de ayudas es algo difícil de evaluar, pero no hay que descartar que estén produciendo una serie de distorsiones en el sistema de educación superior que solo dimensionaremos en varios años más.

El sesgo en las ayudas estudiantiles hacia las universidades del Consejo de Rectores es evidente, y ello es aún mucho más claro en las líneas de financiamiento directo a la oferta (es decir, descontando aquellas que son sometidas a concursos o evaluación de pares y que son de un monto menor). Las universidades estatales recibirán este año a través de estas partidas un poco más de 1,2 millones de pesos por estudiante y las universidades privadas del Consejo de Rectores, una cifra cercana a los 900 mil pesos por estudiante. Las demás instituciones de educación superior no reciben aportes por esta vía.

Pueden existir razones atendibles para este trato privilegiado hacia las universidades estatales y luego a las privadas del Consejo de Rectores, más allá de las consideraciones históricas. Lo que no resulta comprensible es que se pretenda desconocer esta realidad y que incluso rectores de universidades estatales reclamen que las políticas de educación superior los discriminan. Es posible que, por el hecho de ser instituciones estatales, la carga que les imponen algunas regulaciones atente contra su gestión, lo que debería ser recogido. Pero es difícil pensar que esa carga más que compense el mejor trato financiero que reciben.

La afirmación de que el Estado ha descuidado a sus universidades debe examinarse críticamente. Y es bueno hacerlo porque, en caso contrario, se pierde el foco respecto de los verdaderos desafíos del sistema de educación superior chileno. Algunos están claros -calidad heterogénea, falta de investigación y costos elevados para las familias-, pero otros requieren una reflexión más profunda, al igual que las soluciones a los problemas detectados. Para que este debate fluya provechosamente es importante alejarlo de falsas impresiones.