Señor Director:

Un conjunto de rectores de universidades estatales defendió el preproyecto del ministerio bajo una carta con la interrogante del título de esta. Una forma extrema, todo o nada, de argumentar y criticar. No está en juego el proyecto por un debate necesario sobre lo estatista que es. El preproyecto sí es ideológico-estatista, toda vez que privilegia a las instituciones del Estado, particularmente dando un rol anacrónico a la U. de Chile, sin un análisis de las consecuencias educacionales que eso tiene. No basta la declaración inicial que dice reconocer un sistema mixto de educación; tampoco es un argumento serio del reimpulso de lo estatal que el Estado antes apoyara más a las instituciones estatales. El mero hecho de que el sistema de educación superior fuera largo tiempo en Chile virtualmente estatal, hace de esa descripción una verdad sin sentido de política.

La pregunta relevante es qué consecuencias educacionales tiene hoy el apoyo privilegiado a las instituciones del Estado, particularmente a la U. de Chile. Ello requiere precisar exactamente qué queremos modificar, aparte de lo que para los rectores les parece obvio, un trato de mayor privilegio al que tienen hoy.

Una justificación no ideológica al apoyo a instituciones del Estado requiere, por ejemplo, mostrar que esa es la mejor manera de promover la investigación, de descentralizar, de educar a los más vulnerables. No basta argumentar que más recursos a esas instituciones incidirían positivamente en ellas, pues esos recursos adicionales provendrán de otros fines y, particularmente, de los fondos que otras instituciones no estatales con iguales fines públicos y con potencialmente mayor impacto por peso aportado, pueden tener y han demostrado.

Comparto como muchos que el Estado debe jugársela por sus instituciones, pero ello no pasa por un proyecto que discrimine en contra de instituciones no estatales, sino que por el apoyo a las más rezagadas, a las que cumplen de mejor manera el objetivo educacional que la sociedad les demanda. Cuestionarnos sobre la efectividad del accionar de muchas instituciones estatales trasciende el plano financiero, y es más razonable de lo que deducen los firmantes, algunos incluso representantes de instituciones con falta absoluta de evidencia e historia (hay rectores firmantes que dirigen universidades aún sin alumnos ni acreditación).

Como la capacidad de producir bienes públicos de una institución de educación superior no depende de su carácter legal, y como la motivación de los académicos y funcionarios, incluyendo a los rectores, no suele relacionarse con donde trabajen, el preproyecto debe replantearse desde sus fundamentos. No se trata solo de recursos, sino que también del rol diferenciado de las instituciones estatales en instancias que determinan la política y desde los requerimientos de supervigilancia a los que serán sometidos.

Ricardo Paredes
Rector Duoc UC