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Editorial
Viernes 08 de abril de 2016
Investigaciones por lucro
El fiscal Carlos Gajardo, a juzgar por declaraciones suyas a la radio de la Universidad de Valparaíso, no estaría en condiciones de intentar que se sancione a un conjunto de universidades investigadas largamente por supuestas irregularidades, en particular por lucro...
El fiscal Carlos Gajardo, a juzgar por declaraciones suyas a la radio de la Universidad de Valparaíso, no estaría en condiciones de intentar que se sancione a un conjunto de universidades investigadas largamente por supuestas irregularidades, en particular por lucro. Según sus palabras, no hay una figura penal aplicable a las conductas realizadas por las casas de estudio. Más específicamente, el fiscal señaló que "el hecho de que fondos de una universidad sirvan para pagar servicios prestados por una institución relacionada no es constitutivo de delito en nuestro país", y que "no hay posibilidades de que esa conducta pueda ser criminalizada". La investigación mostró que esa relación era mayoritariamente con inmobiliarias.
Este episodio refleja la poca racionalidad con la que se han discutido los problemas del sistema de educación superior. No cabe duda de que el crecimiento elevado de la matrícula, particularmente a partir de los primeros años del presente siglo, generó un conjunto muy heterogéneo de instituciones no siempre con la calidad deseada. Contribuyó a este fenómeno un inadecuado e insuficiente sistema de aseguramiento de la calidad que permitió la subsistencia de instituciones de mala calidad. Sobre este era necesario actuar. Sin embargo, sin mayor deliberación se emprendió todo tipo de cargos contra el sistema privado de educación superior, sin mayores distinciones, olvidando que este también contiene instituciones muy valiosas. Se las acusó livianamente de estar burlando la legislación chilena, sin que se ofrecieran pruebas satisfactorias de esta acusación.
Las transacciones con partes relacionadas eran conocidas y se sabía que no estaban prohibidas. Muchas universidades privadas habían partido sin aportes del Estado y sin grandes capitales. Los avales para los créditos habían sido personales, y por ello la infraestructura típicamente estaba en manos de sociedades inmobiliarias que la arrendaban y arriendan a las corporaciones universitarias. Hay aquí potenciales conflictos de interés que es prudente regular, como intentó hacerlo el gobierno anterior y que también desea hacer el actual, de acuerdo con los antecedentes que se han conocido del proyecto de reforma a la educación superior. Pero de este hecho no se desprende un intento de burlar la legislación o engañar a los estudiantes y a sus familias. Por el contrario, son muchos los jóvenes que, como consecuencia del desarrollo de instituciones privadas como las aludidas, han accedido a estudios superiores.
Pese a la liviandad de algunas de esas acusaciones y más allá del daño causado a las instituciones afectadas, esa embestida logró crear un clima de desconfianza que se ha traducido en la postergación de un sistema razonable de supervisión y aseguramiento de la calidad. Hace más de cuatro años que comenzaron a presentarse proyectos que, más allá de las imperfecciones que pueden haber tenido, elevaban los estándares de funcionamiento de esas instituciones. La miopía de la oposición de ese entonces no permitió que ellos se aprobaran. Su ausencia ha posibilitado que instituciones menos visibles que las que fueron blanco de los principales ataques sigan funcionando con bajos estándares. Este es un ejemplo visible de cómo intereses políticos de corto plazo y la falta de deliberación pueden imponer grandes costos al país.