Este martes se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué existe esa celebración y qué relación tiene con el aborto cuya autorización se votará en la Cámara de Diputados ese mismo día?

Ese día celebra la lucha por suprimir la desigualdad de género.

En todas las culturas (y la chilena no es por supuesto una excepción) se asocia el sexo de que cada uno es portador con el lugar que debe poseer en la división del trabajo y la distribución del poder. Por ejemplo, muchos piensan (y aunque de la boca para afuera digan lo contrario) que a la mujer le corresponden las tareas privadas del hogar y el cuidado de los hijos, es decir la reproducción de la vida, y al hombre la manutención de la familia, el desenvolvimiento en el ámbito de lo público. Esa asociación no es, por supuesto, inocente. Si bien suele presentarse como una asignación impuesta por la naturaleza (o por Dios), se trata de una cuestión política. Cuando se la efectúa se está decidiendo que las mujeres dispondrán de menos poder que los hombres a la hora de desenvolver su vida conforme a su propio discernimiento.

Esa asociación entre sexo y papeles sociales -el género- no está impuesta por la naturaleza, sino por la cultura. Y el Día Internacional de la Mujer se ha propuesto recordarlo para que ninguna sociedad tolere que a pretexto de la naturaleza se impongan a la mujer papeles, roles u obligaciones que la subordinen o la sometan.

Un buen ejemplo -incómodo, pero un buen ejemplo de lo que ese día exige- es el aborto en situaciones excepcionales que por estos días deberá decidirse en la Cámara de Diputados.

El caso más obvio es el de la violación.

Cuando una mujer es violada se la reduce a la condición de cosa. Es la vejación más extrema que puede sufrir una mujer. Y la huella de esa vejación se extiende en el tiempo cuando de ella resulta un embarazo. Se trata de una experiencia exclusiva de una mujer: anidar una vida humana que es resultado de un acto de fuerza que la cosificó. Lo más parecido a eso que podría ocurrir a un hombre, según el experimento mental de Thomson ( Philosophy & Public Affairs , Vol. 1, N° 1, Fall, 1971), es que mientras duerme se conectara, sin él consentirlo, un riñón suyo a un enfermo hasta encontrar, para este último, un donante que permita trasplantarlo. La mujer violada y el hombre conectado estarían en la misma situación: una vida extraña dependería de ellos. La pregunta entonces que cabe formular es si acaso resulta correcto coaccionar a la mujer para que mantenga ese embarazo y soporte sus costes o coaccionar a ese hombre para que no desconecte al enfermo que profita de su riñón. A poco que se reflexione, se advierte que esa coacción resulta excesiva. ¿Qué razón habría para justificarla?

Para hacerlo suele esgrimirse el derecho a la vida del nasciturus . El derecho a la vida, se dice, es sagrado y nada justifica amagarlo. Pero ese argumento -repetido una y otra vez como si fuera una oración- no soporta el examen racional. Confunde el derecho a la vida de cada individuo con la obligación de los demás de sostenerla.

Del hecho que Pedro tenga derecho a la vida, no se deriva la obligación correlativa de Juan y de Diego de sostenerlo para que no muera.

Así también, de la circunstancia que el nasciturus concebido a la fuerza sea una vida humana, no se sigue que la mujer agredida deba ser obligada a sostenerla. Del derecho a la vida no se sigue el deber o la obligación, ni moral ni jurídica, de sostener cualquier existencia ajena. Todos los miembros de la sociedad chilena tienen derecho a la vida, pero no es cierto que tengan la obligación recíproca de sostener sus existencias. Por eso, aun siendo bueno que una mujer violada decidiera mantener el embarazo (de la misma manera que sería bueno que quien despierta con su riñón atado al enfermo tolerara la situación hasta que se encontrara un donante), no sería razonable exigirlo mediante la fuerza estatal.

La dramática experiencia, que solo puede ser femenina, de anidar una vida que es resultado de un acto de fuerza no debe originar la obligación de sostener el embarazo bajo la amenaza de coacción estatal. Algo así -deberán recordarlo los legisladores en el Día Internacional de la Mujer- impone a las mujeres una obligación coactiva que ningún hombre aceptaría.