Hace poco, un menor de 11 años fue detenido tras participar en un "portonazo" en el sector sur de la Región Metropolitana. Según lo informado, formaba parte de una banda integrada por mayores de edad, que perpetró el atraco a una pareja, portando armas de fuego. Se trataría de un caso típico de delincuencia infanto-adolescente, que parece en curso de aumentar en forma significativa. Pero precisamente uno de los escollos que enfrenta la política pública en esta materia es que no se cuenta con estadísticas confiables sobre la magnitud del problema. Así, algunos datos policiales permitirían inferir la existencia de más de tres mil menores de 14 años -por ende, no responsables penalmente- que estarían involucrados en conductas delictivas, pero voces expertas estiman que habría cierto grado de subregistro policial, por carecerse de incentivos para su captura.

¿Qué medidas ha adoptado el Estado para hacer frente a este tipo de delincuencia temprana? Casos como este son sujetos frecuentes de los programas de protección de la red Sename, en esencia destinados a atender a menores en situación de vulneración. Por tanto, sin las herramientas para abordar la complejidad de la delincuencia infanto-juvenil, arriban a pobres resultados. Por su parte, el programa Terapia Multisistémica, implementado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, a más de cuatro años de su aplicación parece estar entregando resultados satisfactorios, pero aún no cuenta con cobertura nacional y presenta problemas de coordinación con la red local para efectos de lograr una adecuada detección y derivación temprana de los niños y adolescentes con alto riesgo de desarrollar conductas infractoras.

Otro interrogante en esta materia es el destino de la oferta programática para este segmento, bajo el alero de los cambios que está estudiando el Gobierno a través del Consejo de la Infancia y el Ministerio de Justicia, mediante reformas indispensables -pero largamente retrasadas- a la institucionalidad de infancia y adolescencia, como lo son la creación de dos instituciones separadas: el Servicio Nacional de Protección, supuestamente dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del de Justicia. En este escenario de separación, ¿cuál de esas instituciones será la encargada de proveer una oferta programática destinada específicamente a interrumpir carreras tempranas de aquellos niños y adolescentes que han cometido delitos, pero no son penalmente responsables? Asimismo cabe preguntarse si iniciativas como las presentadas al Congreso por el Ejecutivo en cuanto a la creación de una Subsecretaría de la Niñez, y el proyecto de ley de Garantías de Derechos de la Niñez realmente no tienen nada que plantear -como se desprende del análisis de los textos ingresados- en cuanto a establecimiento de una oferta coordinada de atención a niños y adolescentes en riesgo o que ya se han iniciado en carreras delictivas. A la luz de los hechos, esto sin duda debiera ser abordado en el contexto de las citadas reformas, pues, de lo contrario, casos como el de este adolescente prometen convertirse a futuro en otros con más violencia, y con mayor proliferación de la actividad delictiva.