M.J. Ahumada y A. von Baer

Un alto en la agenda de seguridad pública que llevó a cabo ayer en la Región del Biobío hizo el ministro del Interior, Jorge Burgos, para comentar la actualización de la declaración de patrimonio e intereses del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.

A las 21:37 horas del martes, el funcionario actualizó su información patrimonial, luego de que parlamentarios oficialistas y de oposición criticaran la versión inicial del documento, donde Riquelme calificó gran parte de los datos que debía informar como "Dato personal no público", acogiéndose a la norma legal sobre protección de datos personales. La actualización sucedió horas después de que Burgos afirmara que "es mejor que los funcionarios públicos hagan su declaración con apertura total y ojalá no invocando una ley".

Estos dichos, comentan en el Gobierno, apuraron la entrega de los antecedentes por parte de Riquelme, cuya decisión de reservar la información había sido defendida por el vocero (s) de Gobierno, Osvaldo Soto, argumentando que se encontraba dentro de la legalidad.

Burgos ayer añadió que "en hora buena el señor Riquelme puso en su declaración, creo que anoche (miércoles), algunos términos que había omitido en función de una ley".

El Jefe de Gabinete, además, aseguró que la decisión de mantener a Riquelme en el cargo es algo que ya escapa de su marco de acción. "No es una cuestión que me corresponda a mí, depende de otra orgánica y si se mantiene es porque se considera que hace bien su función".

Decisión de Riquelme

Con todo, en Palacio aseguran que Burgos no intervino en la publicación de los antecedentes. Fue el propio administrador de la Moneda quien decidió durante la tarde del miércoles, luego de los cuestionamientos, actualizar la información con el detalle de los avalúos fiscales y comerciales de sus propiedades.

Riquelme dio cuenta de un bien inmueble habitacional, inscrito el año 2005 en Santiago, que cuenta con un avalúo fiscal de $68.769.000, y comercial de $135.000.000.

Además informó de un segundo terreno inscrito en 2013 en Santiago, con un avalúo fiscal de $90.302.774 y comercial de $395.000.000; y de un tercer terreno inscrito en Chillán el año 2015 (con un avalúo fiscal de $17.207.949 y comercial de $25.000.000).

También entregó datos de un bien habitacional inscrito el 2012 en Lota -con un avalúo fiscal de $6.500.795 y comercial de 14.000.000- y además declara un estacionamiento y bodega con valor fiscal de $3.327.429 y comercial de $5 millones. En activos bancarios declaró un fondo mutuo de $7.153.497 y un APV de $ 1.164.159, además de tres cuentas corrientes que suman un monto cercano a los $831 millones.

Parlamentarios insisten en renuncia

Pese a los antecedentes que entregó Riquelme, dirigentes políticos insistieron en la salida del funcionario, cuestionado por haber recibido en La Moneda al gestor inmobiliario Juan Díaz, vinculado al caso Caval.

"Espero que para marzo próximo esta persona ya no esté en La Moneda. El problema es político y la resolución debe ser política, esto va más allá de su patrimonio y lo que declara o no", dijo el senador Alejandro Navarro (MAS).

En la comisión investigadora del caso Caval, la presión fue transversal. "Valoro la insistencia de Burgos, pues es claro que Riquelme sigue siendo un dolor de cabeza para La Moneda. Cada día que pasa, obliga al Gobierno a explicar su caso y trae más costos", afirmó el diputado PS, Juan Luis Castro, mientras que otro miembro de la instancia, Felipe Ward (UDI), lamentó "el daño político absurdo que se autoprovoca la Presidenta. La historia se repite: la Presidenta de vacaciones y Caval destrozando su credibilidad".

En ese escenario, el diputado de laUDI José Antonio Kast emplazó a la Mandataria a tomar una decisión. "Si el administrador no depende de Interior, depende de la Presidenta. Es ella quien tiene ahora la palabra", aseguró.