Las brechas de desempeño en nuestro sistema educacional están marcadas muy fuertemente por el origen socioeconómico de los estudiantes. Si bien esto no necesariamente es muy distinto de la experiencia de otros países, sorprende en el caso de Chile la intensidad de esta correlación. Este hecho significa que la probabilidad de que un estudiante de un origen culturalmente deprivado logre tener un alto desempeño educacional es baja. En otros países este determinismo es menos pronunciado. Hay evidencia creciente de que estas brechas se abren muy temprano y que durante la vida escolar ellas no se corrigen e incluso aumentan levemente. Esta realidad es la que hace pensar que la educación parvularia puede jugar un papel fundamental en corregir las diferencias de origen. Diversos estudios experimentales en distintas latitudes han validado esta creencia. Por cierto, esta validación no significa que si se escalan estas experiencias, ellas se van a replicar con los mismos resultados. El logro de un sistema de calidad, y no ya una experiencia específica, es un enorme desafío. Se requiere, entonces, mucho cuidado en la expansión de la cobertura de la educación inicial, la que debe planificarse con esmero para que produzca los beneficios esperados.

En su discurso del 21 de mayo pasado, la Presidenta Michelle Bachelet advertía que se estaban encontrando con más dificultades de las que se anticipaban para cumplir con el objetivo de expandir la oferta con calidad. Mencionó una demanda mayor a la esperada en los niveles medios de la educación inicial (2 a 4 años) y sugirió que no siempre se lograba una coordinación entre oferta y demanda en sala cuna (señalando que no puede ocurrir que se habiliten espacios que después no se usan). A ello se agrega que persiste todavía en muchos hogares una desconfianza hacia los jardines infantiles, particularmente hacia las salas cuna. Hay, por consiguiente, una preferencia por el cuidado al interior del núcleo familiar.

Esta situación no necesariamente debe ser revertida, pero tampoco hay que desechar que se pueda combinar con unas pocas horas semanales de educación inicial si esta es de calidad. En todo caso, es importante entender mejor las fuentes de esta desconfianza y al respecto no hay mucha claridad.

En el pasado se había confiado también en fundaciones privadas para asegurar la expansión de la cobertura. Para estos efectos se realizaban transferencias de fondos que incluían aportes de capital para construir infraestructura y luego fondos para los costos de operación. Esto tiene sentido, porque muchas de estas fundaciones impulsan programas de calidad y a veces identifican mejor las carencias que las propias instituciones del Estado. En múltiples casos, además, trabajan con las familias de los niños que atienden en sus jardines aumentando el impacto de su acción. Sin embargo, la asignación de aportes para infraestructura se ha restringido, impidiendo que se expandan o desarrollen proyectos que son o pueden ser un gran aporte para el país. Si el objetivo es incrementar la cobertura en educación inicial y que esta sea de la mayor calidad posible, deberían aprovecharse estas iniciativas. Más todavía cuando parecen significar un menor costo para el Estado.

En este sentido, descansar solo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (y en menor medida en la Fundación Integra) para proveer la oferta necesaria puede ser un error. Sin perjuicio de las mejoras que se pueden hacer en la gestión de esta organización, es difícil pensar que, atendida la experiencia de los últimos años, se pueda solo a través de ella asegurar la educación inicial que requiere el país.

Ahora que se ha instalado una Subsecretaría de Educación Parvularia y capacidad de supervisión de la misma en la Agencia de Calidad, resulta aún más incomprensible que no se aproveche la experiencia privada para asegurar la cobertura y la calidad necesarias en este grupo de edad. Esa decisión solo perjudicará el logro de una mayor equidad en el sistema escolar.