Señor Director:

Incomprensible resulta que un funcionario público, como Cristián Riquelme, invoque la Ley N° 19.628 para no consignar las tasaciones fiscales y comerciales de sus inmuebles y su actividad profesional previa a asumir su cargo de administrador de La Moneda. Sin tales datos, no se puede saber cómo ha variado el patrimonio del declarante. Tampoco si tiene incompatibilidades o conflictos de interés con el cargo que asume, si omite cómo se ganaba la vida previamente.

Por tal motivo, es absolutamente inaceptable e improcedente, y que no posee respaldo normativo alguno, que se invoque la ley que tutela los datos personales para no divulgarlos. Ninguna persona en nuestro país está obligada a asumir un cargo en la administración del Estado, ni menos un cargo de autoridad, pero acceder a los mismos conlleva inevitablemente algunas limitaciones a su privacidad.

La defensa del vocero subrogante del Gobierno, que justifica la omisión de Riquelme como una decisión personal legítima, revela que no está familiarizado con las políticas de probidad y transparencia que desde hace años distintos gobiernos han promovido. Tratándose de una autoridad, aunque sea subrogante, me parece preocupante.

Pedro Anguita R.
Abogado