A. von Baer y M. J. Ahumada

El ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió ayer a la opción de que el gobierno argentino apele el fallo de un juzgado argentino, que permite que el Estado chileno impugne el estatus de refugiado político que posee en ese país Galvarino Apablaza. El fin de semana, dirigentes de la UDI solicitaron que el Estado argentino no apelase de la sentencia, tras lo cual Burgos reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la extradición del frentista.

"Nosotros vamos a hacer todas las gestiones que haya que hacer para que se dé cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Chile, en cuanto estima hay antecedentes para extraditar a un ciudadano chileno. Vamos a pedir todo lo que jurídicamente se pueda hacer", dijo.

Ya la semana pasada, Burgos había abordado el caso ante autoridades trasandinas, en una visita a ese país. En Buenos Aires, aseguró que toda autoridad chilena que visite Argentina tratará la materia ante sus pares trasandinos.

El 3 de septiembre de 2010, el juez Mario Carroza había reabierto el sumario por el crimen del ex senador Jaime Guzmán y dictó una orden arraigo para el ex frentista.

El carácter de las tratativas del Ejecutivo generó "preocupación" en el PC. "En este caso, como en todos, tiene que actuar la justicia. Algunos ya dan por hecho que él sería culpable, y no sé si habrá habido alguna investigación que diga que es culpable", dijo el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien planteó que para concretar una extradición, la culpabilidad "debiera estar clara, si es por interrogar a una persona, lo pueden hacer allá, en Argentina".

Sobre las gestiones de Burgos en Buenos Aires, Teillier las atribuye a que el Gobierno ha dado crédito a las peticiones de la UDI. "Me preocupa que ya lo dan como culpable, lo veo en la UDI, y es posible que por la presiones de la UDI, el Gobierno piense lo mismo. En sus opiniones ya lo dan por culpable, y eso es algo que debe determinarse. No sé si eso permite que acá haya un juicio correcto o imparcial, tengo dudas".

A ese respecto, el vocero de Gobierno (s), Osvaldo Soto, aseguró que en nuestro país "están todas las garantías para que una persona pueda ser debidamente juzgada".