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Cartas
Domingo 07 de febrero de 2016
Informe sobre las cárceles
Señor Director:
Todos queremos vivir en paz y en barrios seguros. Nadie justifica los actos que infringen la ley penal. Sin embargo, miradas superficiales y populistas no resuelven este grave problema social.
Llama la atención el alto impacto que ha tenido el Informe de la Comisión de la Corte de Apelaciones sobre el estado de algunas cárceles de la Región Metropolitana. Esto, porque su información señala una verdad que se viene repitiendo desde hace varios años por distintos organismos competentes: la dignidad y la vida tienen muy poco valor en el espacio carcelario.
Sin embargo, en este informe hay algo que no se dice -porque no es su objetivo- y es que las condiciones de precariedad de los privados de libertad y sus violentas secuelas son compartidas y están estrechamente ligadas con sus historias personales, familiares y con sus poblaciones de origen, expuestas a la más alta marginalidad y pobreza. En esos territorios de exclusión de derechos sociales y de dignidad humana, sean cárceles o barrios, con o sin barrotes, la violencia se reproduce una y otra vez, modelando y determinando las relaciones interpersonales y sociales.
La experiencia y algunos estudios nos muestran que en muchas de las personas privadas de libertad hay vidas violentadas desde la cuna por la ausencia de los derechos sociales básicos que el Estado debería asegurar, y que en algunos casos tiene como consecuencia la violencia delictiva. En otras palabras, la delincuencia es un eslabón de una concatenación de violencias que acompañan a hombres y mujeres desde el nacimiento y que padecen y reproducen en su entorno social.
Llama la atención el alto impacto del informe, pero más impacta que no nos escandalice el hecho de que la precariedad de cárcel es un fiel reflejo de una precariedad social que sigue violentando a miles de ciudadanos que viven en los márgenes de la dignidad. La precariedad de la cárcel es parte de la violencia de un sistema que mantiene y justifica situaciones como, por ejemplo, un globo con cámaras sobre el puente de La Dehesa que vigila con su gran ojo estigmatizante a los residentes de la población Juan Pablo II, o delitos de cuello y corbata que entran y salen caminando de la formalización con la certeza de que no irán a la cárcel.
En Chile, el control de identidad, la prisión preventiva y cárcel solo se aplica a los violentados desde su nacimiento, y no a los que violentan con su poder y abuso de colusiones, privilegios y renuncias al mandato popular de promover el bien de todos.
El Informe de la Corte de Apelaciones nos enrostra de manera brutal la violenta sociedad que estamos construyendo; y la manera de hacer justicia con las víctimas de ella es mayor justicia en el reparto de los derechos sociales, de la riqueza que todos producimos e igualdad ante la ley, que exige deberes y derechos. Esto requiere de un nuevo pacto ético que nos seduzca a todos y que nazca del terreno y conocimiento de la vida real de la gente, de la profundidad intelectual y no populismo, del crecimiento económico que ponga en el centro la vida de las personas, y de una tenaz voluntad y seriedad política que mire el largo plazo del bien común y no el corto plazo electoral que imponen las encuestas.
P. Luis Roblero sj
Capellán de cárceles