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Editorial
Domingo 07 de febrero de 2016
Oportunidad para enmendar el rumbo
Aunque la autoridad económica mantiene un discurso orientado al crecimiento, en la práctica el foco de la agenda del Gobierno le ha quitado prioridad a la creación de riqueza.
Los disensos programáticos planteados por la DC en el interior de la Nueva Mayoría, que impidieron la aprobación de la reforma laboral durante el mes de enero, parecen estar encontrando un camino de solución, pues el propio presidente de ese partido afirmó que el Gobierno se comprometió a aprobarla en marzo. Esto es, se encontraría una redacción para el tema del reemplazo interno que permita contar con el apoyo de los senadores DC, que se oponían a la llamada "huelga efectiva", sin ningún tipo de reemplazo.
Sin embargo, y a pesar de este ambiente proclive al acuerdo, el mismo senador Pizarro se vio en la necesidad de reunirse con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para plantear el establecimiento de una agenda que priorice el crecimiento económico, luego que las sucesivas proyecciones a la baja que han hecho diversos organismos, incluido el FMI, han aumentado la preocupación de su partido respecto de las negativas proyecciones políticas que esa situación puede provocar para el conglomerado gobernante. Esa postura conlleva dificultades políticas no menores. Aunque la autoridad económica, encabezada por Valdés, mantiene un discurso orientado al crecimiento, el foco de la agenda del Gobierno -modificar sustancialmente las bases del sistema educacional, de la legislación laboral y del sistema político y constitucional- ha significado, en la práctica, quitarle prioridad a la creación de riqueza. En cambio, el esfuerzo ha estado destinado a la construcción de un Estado de Bienestar y a la disminución de la desigualdad social, para lo cual se ha denostado muchas veces la legítima aspiración a obtener ganancias del sector privado, pilar de la creación de riqueza y sostenedor del crecimiento.
Desde el inicio de esta administración, la DC ha procurado permanentemente marcar "matices" de diferencia en la manera como se han implementado las reformas que el Gobierno impulsa, así como en su contenido, intentando establecer una identidad que la ubique en el centro político, en contraste con la postura más de izquierda del resto del conglomerado gobernante, y le dé así viabilidad política a su partido en el mediano plazo. Ya Ignacio Walker había solicitado una agenda procrecimiento al ministro Céspedes en agosto de 2014. El planteamiento de Pizarro a Valdés responde a esa lógica. La Nueva Mayoría está enfrentando de manera creciente la necesidad de admitir que sin creación de riqueza, ninguna de las reformas que apruebe podrá implementarse de modo sustentable, y que su permanencia en el poder depende de su capacidad para lograrlo. Las necesidades políticas de esta coalición y la necesidad de la DC de marcar su propia identidad podrían lograr que el Gobierno enmiende el rumbo, volviendo a poner el foco en el crecimiento.
Cuestionamientos al comienzo de un proceso
A mitad de semana se hicieron públicas las actas de las primeras ocho sesiones del denominado Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente. Si bien su publicación fue hecha con tardanza, a la espera de contar con una página web, cabe reconocer este primer paso de transparencia indispensable, que contribuirá a dar elementos para juzgar la actuación de dicho consejo y sus integrantes.
Un aspecto positivo que muestra la lectura de las actas es la seriedad y dedicación con que muchos consejeros han asumido su participación en esa instancia, conscientes seguramente de que su prestigio está en juego según la dirección que ella tome. En tal sentido, destaca, por ejemplo, la preocupación para exigir idoneidad y neutralidad en la selección de los llamados "facilitadores" encargados de dirigir los cabildos ciudadanos y de registrar en actas las principales conclusiones, consensos y disensos de dichos encuentros.
Con todo, las intervenciones y debates de las sesiones dan cuenta de problemas estructurales ya ampliamente advertidos: falta de claridad e incluso irrelevancia de su rol; riesgos evidentes de aprovechamiento político del proceso en las elecciones municipales; falta de una metodología clara para el desarrollo de tales "cabildos"; dificultades para cumplir con plazos propuestos por la autoridad y, en general, mucha improvisación y confusión. El propio decreto que creó el Consejo es una buena prueba de ello: le asigna la función de "velar" por el correcto desempeño de las etapas de educación cívica y de diálogos ciudadanos del proceso constituyente, pero sus atribuciones son mínimas y se reducen a "conocer e informar" a la Presidenta de la República. Es sesgado que el decreto ya establezca la "necesidad" de contar con una nueva Constitución, prejuzgando así un factor esencial del resultado. Figuras como la del "facilitador", completamente ajenas a nuestra tradición histórica, difícilmente podrán dar garantías de imparcialidad y ecuanimidad. En materias tan opinables como lo constitucional, gravitan posturas y valores que fácilmente pueden traducirse en adoctrinamiento. Demasiados cuestionamientos al comienzo de un proceso trascendental para el país.