Se ha iniciado un interesante debate acerca de un anteproyecto de ley sobre migraciones elaborado por el Ministerio del Interior. El texto, todavía incompleto, contendría las bases del estatuto de los extranjeros en lo relativo a su ingreso, tránsito, residencia y salida del país.

La polémica migratoria es natural. En el mundo solo hay consenso de que las migraciones constituyen una de las principales preocupaciones y que marcarán a esta década. Asimismo, es sabido que las divergentes políticas migratorias provocan formidables conflictos de gobernabilidad al interior de los países y de los organismos y alianzas internacionales. Es el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Están también las exageraciones sobre cargas de los migrantes para los servicios públicos y para el Estado, y perjuicios a los salarios y fuentes de trabajo de los nacionales.

Las discusiones se intensifican por el explosivo aumento de los migrantes, tanto voluntarios en busca de mejores oportunidades económicas como de los refugiados que huyen masivamente de guerras, de la miseria y del caos.

Están comprobados los beneficios de la migración para el desarrollo de las naciones y se reconocen los derechos de los migrantes, especialmente a no ser discriminados y a prestarles asistencias, particularmente a los refugiados, por razones humanitarias. También hay acuerdo en la atribución de los Estados para limitar cuantitativamente su ingreso y a condicionarlo de acuerdo a las necesidades y al respeto de las leyes del Estado receptor. A la vez, se reconoce el derecho, en caso de graves transgresiones y sujeto al respeto del debido proceso, a revocar sus permisos de permanencia y expulsarlos.

Las legislaciones más avanzadas estimulan la inmigración por razones solidarias y demográficas, para impulsar el emprendimiento y la inversión y para suplir carencias de recursos humanos tanto especialistas como sin calificación. Para ello contemplan facilidades para obtener permisos de residencia definitivos según sus prioridades, e incluso otorgan franquicias económicas y excepciones tributarias para activos y rentas provenientes del exterior.

Estos beneficios y principios, de general aplicación, deberían ser recogidos por la legislación proyectada. Está el riesgo de que finalmente prevalezca en la legislación un asistencialismo más bien teórico, por la falta de medios y de una institucionalidad migratoria eficaz, aplicable en la práctica sin distinciones a quienes han ingresado irregularmente, eludiendo los controles fronterizos, y a quienes lo han hecho observando las vías y procedimientos legales para ser titulares de residencia temporaria o permanente.

Chile tiene graves falencias que merecen pronta respuesta en materia migratoria. El control migratorio supone el de las fronteras. En cambio, persiste un peligroso descontrol fronterizo que alienta al ingreso ilegal, incluidos criminales y narcotraficantes. El anacrónico estatuto migratorio vigente, el más antiguo de Latinoamérica, burocrático y discrecional, tampoco favorece el otorgamiento de los permisos de residencia temporales y definitivos. Por último, se desconocen dos aspectos fundamentales y previos a cualquier legislación: los términos de la política migratoria y los medios y dotación del Servicio Nacional de Migraciones que se proyecta crear.