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Editorial
Domingo 07 de febrero de 2016
La situación carcelaria chilena
Urge contar con una política penitenciaria que avance en infraestructura, reinserción y política criminal.
El más reciente informe de la comisión de visita semestral de cárceles, de la Corte de Apelaciones de Santiago, no puede sorprender a nadie; simplemente reconfirma la durísima realidad de los penales de la Región Metropolitana: alto hacinamiento en algunos recintos, condiciones paupérrimas de habitabilidad, con falta de acceso a servicios básicos, en un cuadro reñido -advierte el documento- "con los elementales estándares que exige la dignidad humana". Además, consigna la poca transparencia e información a los presos acerca de su situación judicial y del acceso a beneficios como la libertad condicional, beneficios intrapenitenciarios y rebajas de condena, así como demoras en su tramitación, registrándose por eso privaciones de libertad injustificadas.
En la ex Penitenciaría, el informe además da cuenta de retrocesos, principalmente por el retorno de la práctica de ingresar a ella imputados, lo que proscriben los tratados internacionales, y que buscaría evitar el pago de multas por el Estado en caso de sobrepoblación del vecino penal concesionado Santiago I. Respecto de este último, se formulan observaciones sobre la provisión de alimentación y la reposición de servicios básicos de agua potable y electricidad por la empresa concesionaria. En este caso, la comisión sugiere una revisión profunda de los incumplimientos de contratos por la concesionaria, para evaluar su continuidad.
Nada de esto es novedoso, y los problemas de hacinamiento y malas condiciones han sido recurrentemente denunciados en informes emanados de diversas fuentes. Así, si bien Gendarmería de Chile informa de un hacinamiento nacional promedio de 5%, algunos penales albergan a más del doble de internos de su capacidad. Otros recintos, si bien no presentan sobrepoblación preocupante, registran condiciones de vida deplorables.
Ni una sucesión de administraciones ni la creación o ampliación de recintos han logrado revertir este cuadro. Urge contar con una política penitenciaria de corto, mediano y largo plazo, que avance sustancialmente en infraestructura, reinserción y política criminal. En ese marco deben construirse nuevos recintos penales para reemplazar a los ya vetustos, y ampliar y remozar los existentes. También es necesario -como lo ha hecho la denominada comisión triministerial de evaluación del sistema de concesionado- repensar el sistema, mediante fórmulas que aseguren una provisión adecuada de servicios, y regular herramientas fiscalizadoras más eficaces. Es indispensable proveer en los recintos una adecuada oferta de reinserción, basada en evidencia técnica, que permita interrumpir carreras delictivas -los partidarios del estatismo preferirán para eso un servicio público especializado; los liberales postularán su externalización debidamente fiscalizada por el Estado-. Pero aun si realmente se realizaran esos esfuerzos, no serán suficientes si no van a la par de un Código Penal moderno, que permita sancionar drásticamente a quienes violen grave y reiteradamente el ordenamiento jurídico, y brinde efectivas sanciones alternativas a la cárcel a primerizos o que hayan cometidos delitos menores. Con esa óptica, la política criminal emprendida actualmente por el Gobierno mediante la "agenda corta" no será conducente, pues una vez más se inclina por la cárcel como respuesta a la inseguridad pública que golpea a la población. Esto es, la misma cárcel que recibe crónicas críticas como las de este informe y que, en la práctica, solo retroalimenta a la delincuencia.