La política, entendida como la actividad rectora de los destinos de una sociedad, debería constituir la cúspide de la pirámide social, tanto porque la ciudadanía debería reconocer la noble labor que esta despliega procurando que las personas alcancen sus aspiraciones individuales, como por el prestigio que se esperaría que tuvieran quienes se ocupan de esa alta labor.

Pero en nuestro país la política ha sido relegada a los lugares más bajos de la estima social: sus actuaciones se miran con suspicacia, sus afirmaciones se consideran poco confiables y sus intenciones se juzgan como orientadas más al beneficio personal que al de la sociedad como un todo. Ello constituye una injusticia, a pesar de las actuaciones individuales de algunos, que utilizaron de manera indebida o abusiva fondos del Congreso o captados irregularmente desde donantes. Incluso, los casos conocidos de financiamiento de las campañas usando boletas o facturas "ideológicamente falsas" para obtener recursos -que cruzan prácticamente todo el espectro político-, utilizados en su gran mayoría no para el enriquecimiento personal, sino para gastos propiamente de campaña, deberían ser analizados en el contexto en que se produjeron, sin perjuicio de que sea preciso corregir los criterios reglamentarios y de control que permitieron la interpretación laxa de muchos candidatos, y, naturalmente, sancionar las conductas en los casos que corresponda, de acuerdo con la normativa vigente.

No obstante los errores, faltas o delitos que algunos políticos puedan haber cometido, es necesario reconocer que la política es conducida por seres humanos, cuyo esfuerzo de bien intencionado servicio público coexiste con el natural deseo que ellos tienen de lograr coronar sus propias aspiraciones y metas individuales, encarnadas en el poder y prestigio que el participar de la política les otorga. Ambas motivaciones no son excluyentes, como se pudiera pensar de manera simplista, sino que conviven, como lo hacen en todos los seres humanos el altruismo y el egoísmo, el individualismo y la colaboración, la competencia y la solidaridad.

Ello es lo que torna particularmente difícil la actuación de los políticos. Deben servir a sus electores, pero se ven forzados a competir fieramente por ser elegidos. Deben proponer medidas que mejoren las condiciones de su electorado particular, aunque a veces ello no vaya en beneficio del país como un todo. Se ven en la necesidad de ser leales con sus correligionarios, aunque muchas veces no aprueben su proceder. Deben, además, financiar sus campañas en un ambiente extraordinariamente adverso. La opinión pública, que les exige los mayores estándares morales, debe también ella estar a la altura moral de lo que exige, para que la sociedad como un todo se beneficie de ese escrutinio.

No se trata, en absoluto, de justificar las actuaciones éticamente inaceptables de quienes participan en la vida política. Ciertamente, ello constituiría un despropósito que ninguna sociedad podría cohonestar. Más bien, se hace indispensable enjuiciar la actuación de la clase política no solo por las faltas que algunos de sus miembros han cometido, sino también a la luz de la importancia de su misión y del gigantesco esfuerzo y sacrificio que significa intentar representar a la ciudadanía.

Aunque la suspicacia, la desconfianza y el descrédito se han transformado en la manera en que, por defecto, se enjuicia la labor de los políticos, y que hemos llegado a ese estado de cosas por causas objetivas, es preciso que la sociedad intente también un ejercicio de introspección que le permita revalorizar la noble función de quienes han dedicado su vida a esta actividad, y reconocer también el inmenso esfuerzo que hay detrás de la actuación de los políticos. La sociedad chilena lo necesita. No se lograrán los objetivos ciudadanos si no hay una actividad política floreciente y prestigiada, y, para ello, la ecuanimidad con que se la enjuicie será crucial para que ella recupere el sitial de valor que merece.