La controvertida Ley de Pesca de 2012 está siendo objeto de una sorprendente arremetida por parte del Partido Comunista -un partido de gobierno-, cuyos diputados están promoviendo ya sea su "anulación" o su derogación. Argumentan que ella tendría un vicio de origen por haber sido votada por parlamentarios hoy acusados de cohecho. La admisibilidad de esta inédita iniciativa, apoyada también por algunas organizaciones de pescadores artesanales, será votada en el Congreso el próximo miércoles 20. Hasta ahora el Gobierno no ha emitido pronunciamiento formal alguno al respecto, aunque consta su preocupación por el hecho. El tema es importante no tan solo por su crucial impacto en la pesca extractiva industrial, sino también porque en un momento económico particularmente delicado vuelve a poner en duda el compromiso del Gobierno con el derecho de propiedad.

Son fáciles de prever las consecuencias de la eventual aprobación de la iniciativa. Probablemente, quedarían sin efecto los límites globales de captura que procuran asegurar la sustentabilidad de las principales pesquerías, el llamado "fraccionamiento" que reserva para los pescadores artesanales más del 50% de la pesca y las licencias transables que fijan las cuotas individuales de captura del sector industrial. El vacío legislativo daría lugar a una suerte de "carrera olímpica" para extraer el máximo del recurso antes de su total extinción, competencia en la que es seguro que los mayores perdedores serían los pescadores artesanales, que verían desaparecer el sustento de sus familias. La invalidación de las licencias transables de pesca -que nacieron de la ley del 2012, duran 20 años y a las cuales los industriales pesqueros optaron renunciando a sus anteriores autorizaciones indefinidas de pesca- daría lugar a prolongados y onerosos juicios indemnizatorios contra el Estado.

Es efectivo que la Ley de Pesca de 2012 finalmente no introdujo la licitación de cuotas que se había anunciado, manteniendo su adjudicación según pesca histórica. Pero no es menos cierto que corrigió muchas de las fallas de la anterior legislación, que permitían a los intereses económicos y políticos una injerencia indebida en las decisiones de administración pesquera, posible fuente de las prácticas corruptas denunciadas. Es tan evidente que su abolición ocasionaría un caos regulatorio, que no parece concebible que en verdad se pretenda con ello mejorar un cuerpo legal por cierto perfectible. El ordenamiento jurídico de la pesca -así como el de otras industrias de recursos naturales- incide crucialmente en la rentabilidad y el riesgo de las inversiones y los empleos que ofrece el sector. Que el Partido Comunista, contrariando los esfuerzos de las autoridades económicas por recuperar la confianza y reanimar la economía, se haya embarcado en este intento enciende las alarmas sobre los excesos populistas e ideológicos a los que podría conducir el llamado proceso constituyente que propicia el Gobierno.