Con el desaire al ministro Burgos, la colusión de los pollos y de los supermercados, los "anticipos" sin interés a parlamentarios y la cláusula de salida de Sampaoli, no extraña que entre las noticias con las que comenzó el 2016 haya pasado desapercibida la publicación en el Diario Oficial, el pasado 6 de enero, de la ley 20.881, que introdujo importantes modificaciones al régimen legal que regula a las cooperativas.

Recordemos que las cooperativas son asociaciones que, de conformidad con el principio de la ayuda mutua, tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios, teniendo estos iguales derechos y obligaciones (un voto por persona). Se trata de instituciones en las que prima la solidaridad y la ayuda mutua, más que el mero afán de ganancias, y que cumplen funciones en una amplia gama de áreas como la agricultura, la minería, la pesca, la salud, la construcción de viviendas, el transporte, el ahorro y el crédito, la recreación y el turismo.

La reforma legal coincide con la entrega del Mapa de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que ha sido elaborado por el Centro UC de Políticas Públicas. El mapa revela que la sociedad chilena cuenta con una nutrida presencia de este tipo de organizaciones intermedias (más de 200.000 instituciones), la mayor parte de reciente creación. La tasa de asociatividad de Chile llega a casi el doble de la que se observa en países desarrollados.

Si a estas OSC unimos nuestras numerosas y multifacéticas cooperativas, podemos comprobar que la sociedad civil en Chile se está enriqueciendo y potenciando. Es de agradecer esta buena noticia en un panorama socioeconómico en general desalentador. Según datos de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, existen 2.868 cooperativas vigentes y sus socios representan el 21,7% de la población económicamente activa del país. Estas cifras muestran que el cooperativismo chileno, que vivió un auge en la década de los sesenta del siglo pasado, ha vuelto a resurgir con fuerza desde la reforma a la Ley General de Cooperativas del año 2002.

Esta tendencia debiera verse fortalecida por la normativa que acaba de entrar en vigencia. La nueva ley introduce perfeccionamientos para fomentar, facilitar y supervisar el buen funcionamiento de las cooperativas. Por ejemplo, se incluyen como nuevos deberes el tender a la inclusión y a la igualdad entre hombres y mujeres, se reduce el mínimo de asociados de 10 a 5 personas, se flexibiliza la administración de las cooperativas con 20 socios o menos, se rebaja el fondo de reserva legal y se fortalecen las normas sobre supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

En esta misma línea sería deseable que se incluyera legalmente a las cooperativas como uno de los tipos de personas jurídicas sin fines de lucro idóneo para ser utilizado por los sostenedores de colegios subvencionados y por los controladores de centros de formación técnica e institutos profesionales que deban dejar su forma societaria por exigencias de la reforma educacional.

Las cooperativas pueden contribuir a la superación de lo que el Papa Francisco ha calificado como una "economía de la exclusión y la inequidad". El romano pontífice no ha ocultado su entusiasmo por el movimiento cooperativo. En su reciente discurso a la confederación italiana de cooperativas afirmó que el socio "no debe ser solo un abastecedor, un trabajador, un usuario bien tratado, debe ser siempre el protagonista, debe crecer, a través de la cooperativa, crecer como persona...". Con realismo, sin embargo, aclaró: "no digo que no se deba crecer en las ganancias, pero eso no es suficiente: es necesario que la empresa gestionada por la cooperativa crezca de verdad de modo cooperativo, es decir, implicando a todos. ¡Uno más uno es tres! Esta es la lógica".