La significativa reducción en el número de evaluaciones que se realiza a los escolares, acordada por el Consejo Nacional de Educación, es un retroceso para el país.

El nuevo plan nacional de evaluaciones, aprobado por ese consejo y apoyado por la Agencia de Calidad de la Educación, se aleja de la creciente experiencia internacional, la que apunta a mantener periódicamente evaluaciones anuales en cuatro o cinco niveles educativos de modo permanente. Los sistemas educativos requieren una retroalimentación acabada de sus desempeños y las pruebas estandarizadas no tienen sustitutos apropiados para esta tarea.

El plan mantiene evaluaciones anuales en cuarto básico y segundo medio, y en el primero de estos niveles solo en lenguaje y matemáticas. En sexto y octavo básico habrá mediciones alternadas cada dos años. Adicionalmente, se eliminan la prueba de segundo básico, que era solo de comprensión lectora, y la prueba de inglés de tercero medio. Ambas se reemplazan por pruebas de carácter muestral vagamente definidas y que no podrán satisfacer el objetivo por el que fueron creadas las pruebas vigentes. La primera aspiraba a tener un diagnóstico temprano del avance de los niños de los diversos planteles escolares. Estos rezagos iniciales son predictores de aprendizajes futuros y son importantes de abordar para lograr que el sistema escolar sea una herramienta efectiva de igualdad de oportunidades. La prueba de inglés buscaba certificar a los estudiantes en este idioma, clave para el desarrollo de un joven del siglo 21. Esa posibilidad desaparece.

Se argumenta que un exceso de pruebas estresa a los planteles escolares y estrecha el currículum. La verdad es que en Chile la prueba Simce no tiene consecuencias para los estudiantes y ellas son muy modestas para sus docentes. Una vez que esté aplicándose en plenitud el sistema de aseguramiento de la calidad podría llevar al cierre de los colegios que se mantengan, después de un período razonable, en niveles de desempeño muy bajos. No se puede apostar indefinidamente al apoyo de un colegio y a sus docentes sin que se observen mejoras, porque el daño que se produce a los niños que asisten a ellos es muy grande. La posibilidad de estrechamiento del currículum es un riesgo, pero mucho más es que no existan aprendizajes y que la falta de ellos no se monitoree adecuadamente.

Es curioso que la Agencia de Calidad de la Educación escolar haya validado este plan. Su tarea es contribuir a hacer una evaluación comprehensiva de los planteles escolares, preparar un informe sobre la base de esa evaluación y proponer mejoras. La falta de pruebas confiables en distintos niveles dificulta esta labor, sin perjuicio de los perfeccionamientos que puedan hacerse a los actuales instrumentos.

Finalmente, es lamentable que el Consejo Nacional de Educación haya aceptado sin mayores objeciones un plan de evaluaciones poco justificado y que carece de una visión de largo plazo respecto de las necesidades del país. En esta dimensión el Consejo tiene un papel insustituible y debe ejercerlo con libertad e independencia, teniendo siempre presente la situación de los estudiantes que eventualmente no estén avanzando en sus aprendizajes.