"Progresismo sin progreso: ¿El legado de la Nueva Mayoría para Chile?". La frase corresponde al título de un documento de tres carillas firmado por un grupo de ex ministros, subsecretarios, superintendentes, jefes de servicio y, en su mayoría, autoridades de distintos ámbitos de los gobiernos de la Concertación que militan o simpatizan con la Democracia Cristiana.

El texto realiza una severa crítica al rumbo del Gobierno y sus reformas, en momentos en que el partido protagoniza un complejo momento con La Moneda, luego de que la Presidenta Michelle Bachelet excluyera de un viaje a La Araucanía al ministro Jorge Burgos y tuviera que frenar la renuncia que le presentó el jefe de gabinete, el miércoles pasado.

La carta está dirigida a todos los dirigentes de la colectividad. Entre sus firmantes se encuentran los ex ministros Eduardo Aninat, Mariana Aylwin, Hugo Lavados y Pedro García, además del ex rector de la Universidad de Chile Jaime Lavados y los ex subsecretarios Clemente Pérez y Álvaro Clarke.

A continuación el texto íntegro del documento, que consta de ocho puntos.

1 Los abajo firmantes somos militantes y simpatizantes DC de toda la vida. A través de esta carta queremos manifestar nuestra preocupación por el rumbo que está tomando el país bajo el actual gobierno. En el último cuarto de siglo Chile ha tenido un proceso de desarrollo exitoso que lo ha llevado desde ser un país de ingreso promedio en América Latina, con alta incidencia de la pobreza y limitadas oportunidades, a liderar la región en su crecimiento económico y social, en sus avances en salud, educación, ingresos y superación de la pobreza.

Sin duda faltan muchos logros por alcanzar y desafíos por emprender, pero hoy percibimos que, en lugar de seguir avanzando, lo conseguido con mucho esfuerzo está en riesgo de perderse por un diagnóstico errado y un mal diseño de políticas públicas. Para enfrentar este problema se requiere de una profunda corrección.

2 Este escenario se ha visto agravado por el conocimiento de irregularidades en el financiamiento de la actividad política y por conductas que lesionan la integridad de los mercados, limitan la competencia, maltratan a consumidores e inversionistas, y dañan la reputación de Chile.

El progreso del país requiere transparencia y apego a la ley. Los inaceptables abusos e irregularidades de algunos nos terminan perjudicando a todos, castigando a amplios sectores de la población, y afectando la legitimidad y confianza en las empresas e instituciones públicas, y más importante aún, en el sistema democrático.

3 Afirmamos nuestro apoyo a todas las reformas que impulsen el desarrollo y la justicia social. Chile, como consecuencia de sus avances del pasado reciente, puede aspirar a hacer posible el sueño de una nación desarrollada e inclusiva.

Por eso nos preocupa elevar significativamente el ritmo y la calidad del crecimiento país: proponer una agenda movilizadora de las muchas voluntades que hoy están por comprometerse con un desarrollo mucho más vigoroso que un magro 2% y, a la vez, que responda a las demandas de equidad, prosperidad y de iguales oportunidades.

Vivimos una nueva etapa, con una ciudadanía muy consciente de sus derechos, que repudia los abusos y los privilegios vengan de donde vengan, también del aparato estatal. Además, se ha expandido una amplia y diversa clase media, con mayores expectativas, que aspira a vivir con seguridad, a acceder a servicios de calidad, y a oportunidades, empleos productivos y emprendimientos, que reconozcan su esfuerzo y mérito en la construcción de una vida mejor para el país y los suyos.

4 Como la mayoría de los chilenos, no estamos dispuestos a cualquier reforma que pudiera descarrilar el crecimiento y echar por la borda lo ya logrado. No estamos conformes con las que se están implementando, ni en contenidos ni en procedimientos, y hacemos un llamado a reorientar la mirada de quienes en el gobierno han preferido el apresuramiento a la calidad, y el Estado por sobre los organismos intermedios y las personas.

La Democracia Cristiana tiene una tradición que nos honra de políticas responsables, bien diseñadas e implementadas sin improvisaciones ni espíritu refundacional. Nuestra tradición es de transformaciones consistentes, sostenidas, incrementales, construidas sobre la base de estudios objetivos y buscando los acuerdos más amplios posibles. Las reformas se medirán por su impacto en el desarrollo de la sociedad en su conjunto y no por la satisfacción de visiones ideológicas o intereses corporativos.

Lo que hoy está ofreciendo la Nueva Mayoría es un progresismo sin progreso, que representa un serio riesgo de estancamiento y retroceso para la democracia, los derechos ciudadanos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico-social.

5 Vemos con preocupación que se impone una tendencia que privilegia expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que se enfrentan y de gestionar solo desde la cúpula burocrática, sin reconocer el rol subsidiario del Estado, un principio constitutivo de nuestra visión de la sociedad, que ha sido factor fundamental en el desarrollo de nuestro país.

Creemos en un Estado efectivo, moderno, con facultades e instituciones capaces de regular y proveer bienes y servicios públicos, como seguridad, respeto a derechos humanos, libre competencia, protección del medioambiente, de los más vulnerables, respeto a la ley. Un Estado que propicie el desarrollo y genere condiciones para potenciar la actividad económica y la alianza pública privada. No queremos un Estado centralizador que con sus políticas coarte el aporte privado, menos aún que se coarte la libertad de enseñanza o se limite la autonomía de las personas e instituciones. Queremos un Estado que promueva los derechos de las personas y respete su libertad, pero que también convoque a los ciudadanos a ser responsables en la construcción de un destino común, fortaleciendo la democracia y sus instituciones, favoreciendo la transparencia, erradicando la corrupción y el abuso y promoviendo la calidad de la política.

6 El Estado nunca será capaz de lograr todo a la vez y sin costos de ningún tipo. Hoy y siempre será necesario priorizar y focalizar el uso de recursos públicos a lo más urgente e importante. Y debe ser la búsqueda del bien común por sobre los intereses de grupos lo que defina esas prioridades. Erradicar la pobreza, la marginalidad y todo tipo de exclusión debe seguir siendo prioridad esencial. Ello implica un uso responsable y efectivo de recursos públicos, haciendo de la eficiencia un objetivo permanente, mejorando y fortaleciendo las políticas focalizadas en los más pobres.

Por esto no podemos concordar con la forma ideológica y liviana con que se han diseñado las políticas de financiamiento de la educación, ni menos con la gratuidad universal en la educación superior que consideramos regresiva.

7 De la misma manera, en el plano económico se están poniendo en práctica reformas cuyos resultados finales no han sido debidamente evaluados, donde priman los anuncios sobre el contenido y la improvisación sobre la necesaria reflexión y una necesaria concertación de amplios apoyos.

Patentes ejemplos de esta situación han sido la forma como se han abordado la reforma tributaria, la educacional, laboral y los esbozos del debate constitucional.

8 El PDC debe cumplir el sano rol articulador del encuentro de las mayorías del país, que buscan el desarrollo, la paz y el respeto para todos los ciudadanos.

Ese fue el espíritu que primó en los gobiernos de la Concertación. Hacemos llegar estas reflexiones a nuestra dirigencia, bases, y a quienes nos representan en el Ejecutivo y en el Parlamento. Esperamos que escuchen a la ciudadanía y sepan defender nuestros principios doctrinarios y trayectoria histórica. En estas circunstancias, ponemos a disposición nuestras voluntades y mejores esfuerzos para impulsar una corrección que nos encamine en la senda de la eficacia, el entendimiento y la paz social. Es el futuro del país y no solo el del partido el que está en juego.

Los firmantes del documento

Mariana Aylwin.
Ex ministra de Educación y ex diputada.

Eduardo Aninat.
Ex ministro de Hacienda.

Pedro García.
Ex ministro de Salud.

Hugo Lavados.
Ex ministro de Economía.

Jaime Lavados.
Ex rector de la Universidad de Chile.

Álvaro Clarke.
Ex subsecretario de Hacienda y ex superintendente de SVS.

Clemente Pérez.
Ex subsecretario de OO.PP. y ex presidente de Metro.

Jorge Frei.
Ex subsecretario de Justicia.

Rodolfo Seguel.
Ex diputado y ex dirigente sindical.

Manuel Inostroza.
Ex superintendente de Salud.

Guillermo Le Fort.
Economista y ex director FMI.

Felipe Del Río.
Ex intendente de la Región de Coquimbo.

Walter Oliva.
Ex vicepresidente de la DC y consejero del partido.

Ernesto Tironi.
Economista y ex embajador.

Rodrigo Moraga.
Ex auditor general de gobierno.

Ernesto Evans.
Ex director de Instituto Nacional de Previsión Social.

Mario Jerez.
Ex director de la Central Nacional de Abastecimiento.

Ana Luz Durán.
Directora general académica de la Universidad Central.

Gabriela Riutort.
Ex directora de Pro Chile.

Germán Acuña.
Ex gobernador y ex concejal de Concepción.

Claudio Mundi.
Empresario.

Santiago Venegas.
Ex asesor del Ministerio de Salud.

Dieter Linneberg.
Ex asesor de la SVS.

José Jiménez.
Empresario y ex asesor ministerial.

Jorge Araya.
Ex asesor ministerial.

Mauricio Olavarría.
Ex asesor ministerial.