Este lunes deja su cargo quien se ha desempeñado como fiscal nacional del Ministerio Público durante ocho años. Por lo tanto, resulta natural realizar un balance de su gestión, y una aproximación posible consiste en tratar de identificar aquello que su sucesor debería superar o al menos mejorar. Un primer aspecto clave es la calidad profesional de quienes se desempeñan en la institución. Es público y notorio que muchos fiscales con experiencia y capacidades técnicas han dejado la fiscalía en los últimos años. Paralelamente, sin embargo, en las facultades de Derecho no se observa que los mejores alumnos estén interesados en postular. La explicación es muy sencilla y consiste en que el fiscal nacional saliente instauró un sistema en que solo se puede acceder a la carrera de fiscal a través del cargo de abogado asistente. Pero la remuneración y las condiciones de trabajo de estos abogados no son atractivas, además de que los ascensos son lentos y, por lo general, solo obedecen a la lógica del transcurso del tiempo. En los últimos años, asimismo, se ha desarrollado una perversa lógica localista, que mira con malos ojos a quienes vienen desde otra región o incluso desde otra fiscalía local a ocupar un cargo más alto.

Un segundo aspecto es impedir que se replique en la fiscalía la mentalidad formalista y corporativista que se observa en otros servicios o reparticiones del Estado. Mientras el primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, fue conocido por imponer altos estándares a los fiscales -al punto de que se llegó a cuestionar si estaba invadiendo su autonomía- y por separar de la institución o dejar emigrar a quienes no estaban actuando de acuerdo con ellos, la administración que concluye podría ser considerada como mucho más condescendiente. Un ejemplo claro de ello es que las investigaciones penales seguidas contra funcionarios o ex funcionarios, entre ellas el denominado caso Metas, no han obtenido mayores resultados. Sin embargo, y más importante que esta clase de investigaciones, los intervinientes creen advertir que la institución tiende a parapetarse tras formalismos y burocracia cuando se advierten focos de mal funcionamiento.

Pero uno de los mayores desafíos consistirá, posiblemente, en restablecer la imagen de prescindencia política de la fiscalía, que se ha visto afectada en los últimos años debido a la dilación de la investigación penal vinculada al 27-F, a la forma en que se han llevado las investigaciones de los casos Bombas, a la aparente subordinación de su actuar a las políticas de Interior en La Araucanía y, más recientemente, a lo que se ha percibido como injerencias gubernamentales en la gestión de las investigaciones sobre financiamiento irregular de la política. Es de esperar que el nuevo fiscal nacional afronte decididamente este desafío. La fiscalía fortalecerá su independencia cuando su actuación despeje toda duda acerca de la primacía de los criterios técnicos por sobre cualquier otro en sus decisiones de persecución penal.