Pese a los anuncios y promesas, continúa la burocracia para la legalización de documentos emitidos en el extranjero para su uso oficial en el país y aquellos emitidos en Chile para su utilización en el exterior. A fines del gobierno anterior, y después de la postergación por cincuenta años, durante ocho administraciones, finalmente se legisló para utilizar el Tratado de Apostilla, vigente en más de cien países.

Sin embargo, sorprende que la Cancillería y los demás ministerios involucrados tarden más de dos años en hacer operativo dicho acuerdo internacional, que reduce a un solo trámite las diversas certificaciones para la validez jurídica de documentos comerciales, sobre exámenes y prescripciones de salud, certificados de educación, títulos profesionales, identificación, familia y demás necesarios para los negocios, inversiones y actuaciones transnacionales.

Mientras esta situación no se resuelva, día a día centenares de chilenos, la administración pública y las empresas deben soportar engorrosos y costosos trámites de actuaciones documentarias en el exterior, y también los residentes en el extranjero para los correspondientes en Chile. Están sometidos a una cadena de tramitaciones ante distintos funcionarios tanto del Estado en el cual se origina dicho documento como en el destinatario del mismo. Los procedimientos tienen por objeto certificar el carácter público de los documentos y la veracidad de las firmas del funcionario autorizante y de aquellos que anteceden en la cadena.

Los interesados siguen agolpándose y esperando en los consulados, en la sede de la Cancillería, en notarías y en diversos ministerios para cumplir con repetitivas y prescindibles exigencias para las legalizaciones documentarias. A futuro estas certificaciones se podrían obtener a nivel nacional a través de las seremis de los ministerios competentes, que tendrán atribuciones para emitir este tipo de autorizaciones, en muchos casos en forma presencial o vía web. Reducir, digitalizar y facilitar estos trámites contribuye a mejorar la imagen y competitividad del país; agiliza, ahorra, desburocratiza y descentraliza actuaciones que afectan a la ciudadanía y a los agentes económicos y, especialmente, a los residentes en provincia que deben viajar a la capital para estos propósitos.

Hay áreas en que el Estado ha dado muestras de poder modernizar los procedimientos y colocar a los usuarios como foco de la gestión de un servicio. En este ámbito, se hace urgente avanzar con mayor agilidad. La carga tributaria que soportan los contribuyentes merece poner pronto término a servicios anacrónicos del Estado, en vez de dilatar la vigencia de legislaciones modernizadoras, como sucede con la referida a la legalización de documentos.