Una compleja situación deja el fiscal nacional saliente, Sabas Chahuán, en lo que respecta al proceso iniciado hace casi dos años, tras descubrirse que funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte manipularon al menos 21.875 registros de víctimas y testigos con el propósito de acreditar el cumplimiento de metas asociadas a bonos de desempeño. En el sumario interno previo, el jefe del Ministerio Público tuvo por acreditados los hechos más relevantes y sancionó administrativamente a algunos de los funcionarios implicados. Pero un reciente informe del presidente del Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa, pone de manifiesto que el destino del proceso penal ha sido muy diferente. Según el informe, en la investigación a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca, la fiscalía ha denegado sistemáticamente las diligencias de investigación solicitadas por el CDE. A las consultas realizadas al fiscal por los abogados del Consejo en octubre del año pasado, el persecutor respondió que la investigación no presentaba mayores avances y que estaba pendiente la declaración de ciertos funcionarios. Hoy, más de un año después, el CDE no tiene ningún otro avance relevante que informar a la Cámara de Diputados.

El fiscal Labarca rechazó las acusaciones de paralización de la causa. Adicionalmente informó que esta misma semana tiene programado tomar diversas declaraciones, lo que desmentiría la falta de acogida a las diligencias solicitadas por el CDE.

Con todo, es difícil no advertir el escaso avance de esta indagación. La situación descrita pone de manifiesto una debilidad patente del sistema de persecución penal, pues aparentemente no existe un mecanismo que asegure imparcialidad en la investigación de los ilícitos que pueden cometer funcionarios de la propia fiscalía, al menos de aquellos que puedan afectar de alguna manera a la misma institución. Bajo el sistema actual, en estos casos el fiscal nacional designa a un fiscal regional de su confianza para que investigue, tal como ocurrió en este caso. El destino que han tenido estas causas es significativo. En la última de ellas, por ejemplo, la investigación por supuestas filtraciones en contra del entonces fiscal regional de la zona Oriente, Alberto Ayala, fue encomendada por Sabas Chahuán a Manuel Guerra, en ese momento fiscal regional de Tarapacá. La causa concluyó pocas semanas después, cuando Guerra solicitó el sobreseimiento definitivo, que fue concedido por el tribunal. Acto seguido, Ayala fue designado como fiscal regional de Antofagasta, y Guerra fue precisamente el elegido por Chahuán para suceder al mismo Ayala en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Nadie duda de la competencia y probidad de los funcionarios del Ministerio Público, aun cuando se trata de investigar hechos que afectan a la institución y pueden tocar, indirectamente, su propia carrera funcionaria. Pero la probidad en este organismo no puede depender de las cualidades individuales de los fiscales de turno. Es evidente que la estructura jerárquica y el sistema de nombramientos de la fiscalía dan lugar a abundantes conflictos de interés, y que estos conflictos se elevan exponencialmente cuando están en juego aspectos institucionalmente sensibles, como los bonos por desempeño. Por lo mismo, resulta necesario fortalecer al Ministerio Público también en estos aspectos institucionales, sin los cuales una mayor dotación o unidades especiales pueden resultar estériles. En lo inmediato, sin embargo, nada justifica la aparente falta de acucia con que se ha llevado adelante una investigación que afecta directamente el funcionamiento de la fiscalía y, por lo mismo, interesa a todo el país.