Señor Director:

Normalmente los magistrados no reaccionamos respecto de las opiniones que causan nuestros fallos. Aparte de que las críticas constituyen la base de la institucionalidad democrática, estamos acostumbrados a que quienes se sienten afectados o quienes lucran con las polémicas, reaccionen negativamente.

Incluso, un editorial pasado de su diario, bastante ácido respecto del fallo de un recurso de protección sobre la situación insostenible de dos ciudadanos venezolanos en su país, no llamó mayormente mi atención, a pesar de sus errores evidentes en lo jurídico.

Pero los términos inusualmente irrespetuosos del presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Ignacio Piña, en una entrevista publicada el domingo en "El Mercurio", me han movido por esta sola vez a escribir esta carta a titulo personal.

Naturalmente, aunque el señor Piña no sea un especialista, ni el órgano que él preside el más crucial y competente en un tema tal, su derecho a opinar resultaría de todos modos incólume si no se hubiese limitado a hacer afirmaciones sueltas, sin fundamento y tendenciosas que el fallo de marras evidentemente no contiene ni propicia.

El fallo en mención se limita a reconocer la jurisdicción universal de los derechos humanos para casos en que el Estado infractor, independientemente de la ideología de su gobierno, no proporciona amparo real a ciudadanos determinados, a la luz de sus derechos constitucionales concretos y por las vías judiciales que los sistemas jurídicos prevén. El fallo puede no tener precedentes, pero en nuestro ordenamiento jurídico -que no tiene ascendencia sajona- ello no es un problema.

Tampoco se compromete la facultad constitucional del Ejecutivo de conducir las relaciones internacionales porque el fallo no contiene "orden" alguna al gobierno ni interferencia directa o indirecta en sus políticas al respecto, sino que tan solo se le pide, precisamente por respeto a sus prerrogativas, que conduzca la rogativa judicial al órgano jurisdiccional continental para que evacue un informe, sin que ello implique la realización de ninguna otra actividad.

Y como simple ciudadano digo: si ni siquiera esto se puede hacer por la vigencia de los derechos humanos universales de todas las personas y sin discriminación ideológica: toda la burocracia nacional e internacional que tanto declara y proclama en estos temas, ¿no estaría de más?

Y eso sí que sería un "desastre", ¿o no?

Carlos Aránguiz Zúñiga
Ministro de la Corte Suprema