Señor Director:

Desde los primeros anuncios de la política de gratuidad para los estudiantes de educación superior se inició un amplio debate sobre las condiciones y los efectos de su implementación. La principal preocupación deben ser las familias y los estudiantes que requieren apoyo económico para realizar sus estudios superiores. Las altas expectativas y los cambios de las condiciones han sido los elementos que han caracterizado esta propuesta.

Desde su anuncio, la UC indicó que se discriminaba a los estudiantes que calificaban para este beneficio, que las condiciones eran inapropiadas, ya que atentaban contra la autonomía de cada institución, -valor fundamental a proteger-, que se ponía en riesgo la calidad del proyecto educativo y el desarrollo de las instituciones. Además, destacamos el desfinanciamiento al no cumplir el compromiso de respetar el presupuesto de las universidades. En nuestra universidad, son casi 4.000 los estudiantes que accederían a este beneficio; ellos son nuestra principal preocupación.

El anuncio y condiciones iniciales han sido modificados debido a la crítica de varios sectores. A pesar de mantenerse la inequidad con los estudiantes de la educación técnico-profesional, en el tema prioritario de la autonomía se plantean opciones de gobierno universitario y se ha respetado el crecimiento aprobado por las instituciones. Lo que también es crucial y está en evaluación, es la justa demanda de validar las propuestas económicas de las instituciones para evitar el déficit presupuestario. A la fecha, aún hay una decena de instituciones que presentan déficit, lo que significará un detrimento en la calidad del proyecto educativo de los estudiantes.

La UC ha participado activamente para avanzar en este beneficio que debe estar orientado a dar un mayor acceso y equidad a los estudiantes. Esta política de gratuidad debe ser bien analizada y ejecutada, características que no han estado suficientemente presente en la propuesta original. Reiteramos que la decisión final de ingreso de nuestra universidad se tomará en diciembre por acuerdo del H. Consejo Superior, considerando las condiciones finales de la propuesta.

Esperamos que las modificaciones descritas y los nuevos compromisos asumidos por el Ministerio permitan que nuestra institución y otras universidades de función pública puedan acceder a una política de gratuidad 2.0 en que la prioridad sea la equidad y calidad de los diversos proyectos educativos y no el control del sistema de educación superior. Debe ser un bien para las familias y los estudiantes del país.

Ignacio Sánchez D.
Rector Pontificia Universidad Católica de Chile