En rigor, la más reciente polémica por los nuevos proyectos inmobiliarios en el cerro Alvarado es solo un episodio más de la desinteligencia que representó la caducidad en 2010 de la regulación que reservaba los llamados cerros isla para fines de utilidad pública. Esa normativa restringía las construcciones que podían levantar en ellos sus dueños a proyectos relacionados con el culto, la cultura y los deportes, entre otros. Recién en 2014 se restableció la afectación a utilidad pública de esos terrenos, pero en el intertanto varios proyectos inmobiliarios ingresaron a las respectivas direcciones de obras municipales y obtuvieron su aprobación. Municipios como el de Vitacura han hecho esfuerzos por elevar las exigencias para la ejecución de esos proyectos y reducir sus densidades, pero carecen de las atribuciones para impedirlos.

Independiente de las responsabilidades de las autoridades que no previeron los efectos de esa caducidad o que no actuaron con la debida diligencia para remediar la situación creada, se manifiesta -una vez más- la carencia institucional de que adolece Santiago. No existe una instancia que coordine con una mirada de conjunto la acción en la ciudad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de las alcaldías y de sus autónomas direcciones de Obras. Eso explica, entre otros, la aparición regular de modalidades de permisos de edificación que no parecen considerar debidamente las repercusiones viales de esas obras tanto respecto a sus vías de evacuación como en su entorno mediato.

La actual discusión gira respecto al impacto que tendrán en el camino de Santa Teresa los últimos proyectos inmobiliarios conocidos en el cerro Alvarado por Vitacura, uno de los cuales supera las 300 unidades residenciales, entre departamentos y viviendas, con más de mil 300 estacionamientos, pero que se suma a otros en construcción para más de 150 unidades y 500 estacionamientos. Los vecinos de Lo Barnechea se alarman ante la mayor congestión que prevén para poder salir de su comuna hacia el resto de la ciudad considerando sus restringidos accesos, pero es la ciudad en su conjunto la que pierde con una concentración de viviendas en laderas de cerros sin conexiones viales apropiadas, que dan una imagen incongruente con el esfuerzo económico hecho por sus residentes.

Los impulsores de esos proyectos inmobiliarios procuran tranquilizar a la opinión pública con un ambicioso plan de medidas de mitigación vial y acciones destinadas a agregar valor paisajístico y de uso efectivo de áreas verdes. Las principales medidas nacen de la aprobación del Estudio de Impacto del Sistema de Transporte Urbano de esa obra, aunque hay otras que son iniciativas propias de los desarrolladores. No cabe restarles valor a esas propuestas, pero están adoptadas en el marco de un emprendimiento privado y no parece exigible que prioricen el interés de los vecinos. La defensa de la comunidad corresponde a las autoridades municipales -alcaldes y concejales- de las comunas involucradas, y en ellas descansa la confianza de los vecinos de lograr minimizar el impacto que inevitablemente tendrán estos nuevos proyectos inmobiliarios.