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Cartas
Lunes 12 de octubre de 2015
La universidad ocupada
Señor Director:
Impresiona que el único argumento del Gobierno para justificar el inicio de la gratuidad en educación superior en 2016 sea el beneficio que esta medida podría aportar en el corto plazo a miles de familias de chilenos; que el Gobierno no haya evidenciado un esfuerzo serio por hacerse una idea de lo que significa la educación superior; y que se crea legitimado para someter el frágil y precario sistema universitario chileno a un estrés que al mediano y largo plazo puede traer costos enormes.
Nuestro bienestar económico y la posibilidad de nuestros hijos de acceder a la educación superior son ciertamente muy relevantes. Pero es más relevante que ese acceso esté acompañado de alguna visión de futuro que ellos (todos ellos) puedan compartir como un destino común posible. Algo así exige del sistema político un mínimo de reflexión serena e ilustrada sobre la función de la universidad en el futuro del país.
Conmueve percatarse de una propuesta de gratuidad que no adjunta la ponderación necesaria de las consecuencias que ella puede tener para la docencia y la investigación -también para la libertad en la docencia y la investigación-, las cuales forman parte sustantiva del derecho a la educación que se quiere resguardar; que no haya claridad alguna ni consideración respecto del decisivo y delicado asunto del gobierno universitario.
Perturba notar que los diferendos enormes y persistentes que existen entre los rectores y expertos no sean razón para detener la propuesta de gratuidad del Gobierno y llamar a la reflexión; que el CRUCh no asuma el liderazgo nacional del que se dice investido y proponga pensar el futuro de la universidad para todos, incluyendo los que no son ellos.
No es exagerado decir que todas las universidades chilenas, privadas o estatales, creadas antes o después de 1981, están hoy siendo ocupadas. No por estudiantes, ni por académicos, ni por funcionarios, sino por aquellos cuya principal acción y vocación es estar en campaña o en precampaña electoral, o acrecentar el propio peculio. En ambos casos, por quienes han ya puesto intereses sobre algo así como el despliegue de la vida nacional.
Por discutibles que puedan parecer sus propuestas, hoy la Confech es el único actor que parece creer en el valor de tener una visión sobre educación superior y los derechos que le están asociadas. Al menos ofrece ideas al debate y, de ese modo, oportunidad a la vida política. Es menester, con cierta urgencia, que quienes realizan o han realizado con más intensidad las actividades implicadas en la educación superior y, además de haber sido estudiantes, también se encuentran familiarizados con la administración de unidades académicas y, especialmente, la docencia y la investigación, adquieran una mayor relevancia y presencia en lo que amenaza con volverse una crisis de difícil retorno.
Juan Manuel Garrido; Hugo Herrera; Manfred Svensson
Doctores en Filosofía