Señor Director:

El jueves se publicó una entrevista a Gonzalo Vargas, rector del Inacap y presidente de Vertebral, en la cual denunciaba la flagrante discriminación en la glosa presupuestaria de 2016 hacia los alumnos más necesitados del país, excluyéndolos del beneficio de gratuidad. Es incomprensible que se busque privilegiar con esta medida a las universidades del CRUCh, ya que estas filtran a sus alumnos por medio de la PSU, prueba inicua y segregadora para el 40% de alumnos de la educación media técnico-profesional, según revelara el informe Pearson de 2013.

La gratuidad como se plantea en la glosa presupuestaria ahondará y profundizará una injusticia previa anclada en el actual sistema de acceso basado en la PSU. El Gobierno debió partir por reformar este, pero no lo hizo. Aun cuando se ha prometido que la fórmula para otorgar la gratuidad será transitoria y regirá solo para el 2016, la experiencia muestra que lo transitorio en Chile se vuelve permanente. Así sucedió con la PSU, denominada en sus comienzos como "Prueba de Admisión Transitoria" (PAT), y que ha exiliado a los más pobres del país de las universidades más prestigiosas, las mismas que hoy el Gobierno pretende privilegiar mediante el proyecto de gratuidad. El Gobierno no debe desperdiciar la oportunidad de reparar el daño hecho durante estos 12 años de PSU a los alumnos de la educación media técnico-profesional. Aún está a tiempo de hacerlo.

Natalia Valdés
Consejera Superior UC