A modo de ejemplo, durante el período 2006-2013, mientras las universidades estatales del Consejo de Rectores (CRUCh) tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de la matrícula negativa (-0,25%), entre las privadas adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA) la cifra alcanzó el 8%, y entre las privadas no adscritas al SUA, un 8,1% para el mismo período. Esto permitió sostener el crecimiento del sector, dando acceso a la universidad a miles de jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos que de otro modo no podrían haber ingresado a la educación superior.
En este contexto, los datos del Consejo Nacional de Educación Superior no sorprenden: de los 1.152.125 alumnos en el sistema en 2015, un 85% pertenece a instituciones privadas. Por su parte, entre las universidades, el porcentaje de la matrícula en instituciones privadas fuera del Consejo de Rectores (CRUCh) alcanza el 53%, el que se eleva a 73% si se incluyen las privadas del CRUCh.
 

Sedes regionales, laboratorios y bibliotecas.

Pero el crecimiento en la matrícula es solo una cara de la importante contribución del mundo privado al sistema de educación superior. El sector ha liderado también una revolución en materia de infraestructura.
El crecimiento en el número de sedes por tipo de institución, particularmente en regiones, ilustra con claridad el fenómeno. Las estadísticas oficiales muestran que entre el 2000 y el 2007 las universidades del CRUCh aumentaron su presencia regional en un 138%. Entre los institutos profesionales el aumento fue de 185%. Pero el mayor crecimiento se observó en universidades privadas, que aumentaron su número de sedes regionales en un 572% durante este período. Y si bien el período 2008-2013 se caracterizó por un menor crecimiento entre todos los tipos de institución, la irrupción de los centros de formación técnica con sedes en regiones fue notable (crecimiento en el período de 131%).
Y los esfuerzos en infraestructura también quedan en evidencia al analizar otras dimensiones del sistema. Mientras en el 2005 las universidades privadas (no CRUCh) tenían 1,1 millones de metros cuadrados construidos, en el 2014 la cifra alcanzó los 1,78 millones, un aumento del 63%. En el mismo período, el crecimiento de los metros construidos entre las instituciones del CRUCh fue de solamente un 34%.
La diferencia es aún mayor cuando se analiza el detalle de las obras. Así, mientras las universidades privadas solo reportaban 1.604 laboratorios en el 2005, la cifra se elevó a 3.045 en el 2014, lo que equivale a un aumento de 90% (47% fue entre instituciones del CRUCh). Por su parte, de los más de 165 mil nuevos metros cuadrados de salas construidos en el mismo período, un 65% se ubicó en instituciones privadas. Y el patrón se repite al analizar el número de bibliotecas en las instituciones de educación superior. Si bien en el 2005 ya el 51% de todas las bibliotecas del sistema se ubicaban en instituciones privadas (CFT, IP y universidades), la cifra aumentó en forma importante durante la última década, alcanzando el 64%.

En la mira del ímpetu reformista

Los desafíos del sistema de educación superior chileno son muchos. Al limitar la acción privada, a partir de un proyecto de gratuidad que le impone fuertes restricciones, el Estado de Chile no solo está desconociendo su exitoso pasado, sino que además hipotecando la oportunidad de mejorar lo que debería ser la prioridad: el aseguramiento de la calidad.
Desconocer el inmenso aporte que ha realizado el sector privado a la educación, particularmente a nivel superior, sería un error. De no haber sido por este, el país no hubiese podido ofrecer educación superior a miles de jóvenes provenientes de los hogares más vulnerables. Por cierto, el sistema requiere ajustes importantes, pero ninguno de ellos pasa por desincentivar el desenvolvimiento de la iniciativa privada. El proyecto de gratuidad no reconoce los costos de avanzar en tal dirección.
Educación se ha transformado en el sector más afectado por el ímpetu reformista impulsado por la administración de la Nueva Mayoría. En lo esencial, los cambios y propuestas han tenido un único fin: reducir la acción del sector privado en la provisión de servicios educacionales a la población. Primero fue la ley que puso fin a la selección, el lucro y el copago, aprobada a principios de este año por el Congreso. Ahora la arremetida viene en la forma de una glosa en la Ley de Presupuestos de 2016, que, como mencionó acertadamente la ministra del ramo hace unos días, básicamente busca hacer la idea de gratuidad más verosímil, sin reparar en las importantes restricciones que se imponen sobre las instituciones de educación superior en materias que van desde el crecimiento de los programas hasta su autonomía.
La situación se contrapone al consenso técnico y transversal que plantea que el principal desafió del sistema educacional chileno, en todos sus niveles, pasa por mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen. No solamente existen dudas fundadas sobre la capacidad del Estado de avanzar en esa dirección, sino que, como ha quedado claro, ninguno de los proyectos de la agenda reformista tiene hasta ahora como centro la calidad.
A la luz de la evidencia, no cabe subestimar el costo que tendrá para Chile la batería de medidas que desincentivan la acción del privado en educación.