La visión de las perspectivas de la economía presentada oficialmente por el Ministerio de Hacienda esta semana no puede alegrar a nadie: de acuerdo con ella, el crecimiento promedio durante el cuatrienio de la Presidenta Bachelet ascendería tan solo a un 2,5% anual. El último informe del Fondo Monetario Internacional, pese a celebrar el manejo económico de Chile, consigna que somos una de las economías más golpeadas por el fin de la bonanza minera y estima que creceremos durante lo que resta de la década a un ritmo inferior al promedio mundial.

Las consecuencias del estancamiento han quedado de manifiesto en las perspectivas fiscales también presentadas por el Gobierno. Pese a haber elevado fuertemente los impuestos y mantener un déficit fiscal de alrededor de 3% del PIB, debido al bajo crecimiento de sus ingresos, la expansión del presupuesto deberá limitarse a poco más de 4% por año en lo que resta de su mandato. Los gastos ya comprometidos en las leyes vigentes o en tramitación parlamentaria exceden ese límite, quedando sin holguras para incrementos reales de remuneraciones o el financiamiento de las reformas pendientes, como, por ejemplo, la gratuidad universitaria. En las palabras del director de Presupuestos, Sergio Granados, "la consolidación fiscal requerirá esfuerzo importante de retrasar para 2019 en adelante gastos actualmente comprometidos para 2017 y 2018".

En tan solo dos años, Chile ha pasado de aspirar al nivel de desarrollo de un país del sur de Europa -como planteaba el ex Presidente Piñera-, o de avanzar hacia un Estado de bienestar social al estilo de los países nórdicos -como pretendía la Presidenta Bachelet-, a encarar la dura realidad de que no habrá ni crecimiento económico ni presupuesto fiscal suficientes como para hacer posible esos sueños.

La conclusión es clara: urge poner en tabla una agenda muy diferente a la que ha empujado el Gobierno y cuya primera prioridad sea reemprender la carrera del desarrollo. Ello requerirá reimpulsar la inversión y estimular la productividad, lo que a su vez exigirá volver a motivar a emprendedores competitivos e innovadores. El Gobierno ha dado algunos pasos positivos en el terreno energético y el apoyo al emprendimiento. Pero muchas de sus políticas coartan la iniciativa privada con una pesada carga tributaria, regulatoria y burocrática. Dos comisiones -una del Gobierno y otra de la CPC- elaboran propuestas que tal vez ayuden a destrabar el crecimiento de la productividad. Pero ni en los planteamientos del Gobierno y de la oposición ni en el debate público que protagonizan centros de estudio o las universidades se aprecian en toda su magnitud la importancia y la urgencia que el tema amerita. Habiendo cesado el potente auge minero, es imperioso superar el desánimo empresarial y encontrar un nuevo impulso. De lo contrario, Chile caminaría hacia el estancamiento económico y la exacerbación de las tensiones sociales y políticas.