Una de las promesas electorales más populares de Michelle Bachelet fue la educación superior gratuita. Pero no habrá universidad gratis, será una más de sus promesas no cumplidas.

Y la razón no es solamente que ésta cuesta mucho dinero y el Gobierno dispone ahora de menos recursos. Lo que ocurre es que la universidad gratis y de calidad para todo un país no es posible. Es una ilusión.

La educación universitaria no es gratis porque cuesta dinero impartirla. Los profesores no trabajan gratis, los edificios no los andan regalando a diestra y siniestra, los laboratorios no se producen por generación espontánea. Por eso cuando se habla de educación gratuita se quiere decir realmente educación pagada por otros.

Pero en un país con una tradición mixta en educación, muchos de los que imparten la educación superior son entes privados. Si el Estado quisiera financiar con fondos públicos la totalidad de la educación superior, de manera que las universidades, institutos y centros de formación no tuvieran que cobrarles a los alumnos, la pregunta que surge entonces es ¿cuánto tiene que poner el Estado en cada caso?

El Estado tendría que calcular para cada carrera, de cada institución, un valor o arancel referencial. ¿Con qué criterio? ¿Qué pasa si hoy día una universidad cobra más de lo que le fija el Estado? Ese es el tipo de problemas que está enfrentando hoy el gobierno.

Visto en forma dinámica -vale decir, qué pasa en cinco o diez años más-, la situación es dramática. Habrá carreras que ya no se imparten, otras nuevas. La Dirinco universitaria tendría mucho trabajo.

En buen problema se metió Bachelet al elaborar un programa a base de consignas.

Una de las formas que tiene el gobierno para ajustarse a un presupuesto menor para este beneficio durante el año 2016 -se habla de varios cientos de millones de dólares menos de lo pensado originalmente- es poniendo ciertos requisitos a los planteles para acceder a la gratuidad. Estos requerimientos pretenden controlar por calidad y también apuntan a establecer ciertas formas de administrar la universidad que sean "políticamente correctas" de acuerdo a los estándares de la Nueva Mayoría.

O sea, es gratuidad con letra chica.

Gratuidad si es que cumplen ciertas exigencias. Requisitos de acreditación, naturaleza jurídica y gobierno de la universidad. Los últimos atentan claramente contra la autonomía universitaria y la libertad educacional.

Lo lógico habría sido que si faltaba plata para darles gratuidad a todos a quienes se les había prometido, se focalizara el beneficio en los más pobres. Vale decir, que los requisitos fueran socioeconómicos y se exijan al alumno, y no a la institución. Se hizo todo lo contrario al dejar a 400.000 alumnos de CFT e institutos profesionales fuera.

Muchas universidades privadas se ven hoy día enfrentadas a la disyuntiva de aceptar condiciones que atentan contra su proyecto educativo para recibir financiamiento a sus alumnos, o mantener sus principios y renunciar a recibir dinero del Estado.

Si algunas de las más prestigiosas universidades privadas deciden no entrar al esquema de gratuidad que propone el gobierno, se producirá un fenómeno lamentable: habrá en Chile universidades para ricos y universidades para pobres. Las primeras de buena calidad académica y las segundas malas.

Por eso algunos rectores de universidades estatales y también políticos socialistas han pedido que la gratuidad sea solo para universidades públicas. Eso sería sincerar lo que quiere Michelle Bachelet. Porque, en definitiva, al final de su gobierno no tendremos educación superior gratis, el señuelo con que logró el apoyo de la gente, pero habremos debilitado gravemente las universidades privadas. Unas, porque con tal de mantener su autonomía verán mermados sus ingresos económicos; otras, porque tendrán que traicionar su proyecto educativo y ceder al intento de uniformar las conciencias de la Nueva Mayoría.

Se cumplirá así, en lo esencial, el propósito del Programa de Gobierno de Michelle Bachelet.