La reunión del canciller y del agente en la defensa ante la Corte Internacional de Justicia con las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional -aunque se desconocen sus términos- debería ser un aporte para la nueva etapa sobre la demanda boliviana relativa a la obligación de negociar una salida al océano Pacífico.

No obstante lo que en ese encuentro haya sucedido, corresponden algunas reflexiones prácticas. Desde luego, debe enfatizarse la mayor importancia y cuidado en la estrategia jurídica, que es lo más determinante y debe proyectarse a los diferentes escenarios del fallo sobre el fondo de la disputa. Fundamental para este propósito es que el agente cuente con los necesarios poderes de articulación y coordinación y con todos los medios materiales, recursos humanos y remuneraciones necesarios para acceder a la mejor asesoría e investigaciones jurídicas e históricas disponibles.

La justificada desconfianza sobre la politización y la merecida frustración sobre los fallos de la Corte no deben significar desatender, sino reforzar la atención de la dimensión jurídica, que en esta nueva fase tendrá una estrecha vinculación con la historia y alcances de las relaciones del pasado, prácticas diplomáticas y declaraciones sobre la aspiración boliviana de una salida soberana al mar y sobre la supuesta obligación de negociar.

El conocimiento e investigaciones históricas son especializados y necesariamente requieren de una valoración y dirección desde los ángulos diplomáticos y jurídicos. Convocar indiscriminadamente a historiadores alejados del objeto de la disputa, además de ineficaz, puede llevar a contradicciones y descoordinaciones con adversas consecuencias. Ya sabemos que los jueces de La Haya, en el capítulo correspondiente a los antecedentes de su sentencia, cometieron agraviantes errores, descontextualizaciones históricas graves y contrarias a la realidad y al interés nacional, que deben ser rectificados.

Seguidamente procede revisar la complementación y apoyo que debe brindar la diplomacia a esta causa. Esta tarea no puede circunscribirse a las autoridades superiores de la Cancillería, requiere descentralizarse coordinadamente.

Las misiones chilenas en el exterior y la diplomacia, en general, son esenciales: permiten abrir las puertas para informar a las cancillerías, gobernantes y a grupos de influencia extranjeros que afectan, formulan o implementan las respectivas políticas exteriores y sus posiciones en los foros internacionales. A este respecto corresponde reexaminar el desempeño y selección de los jefes de misiones relevantes y el plan correspondiente, designando más que a un vocero, a un responsable debidamente calificado y con atribuciones para hacer el seguimiento, fijar las metas y coordinar los contenidos.

Chile cuenta con casi el doble de embajadas y representaciones diplomáticas residentes y en el exterior que Bolivia, aunque también exhibe falencias en su distribución geográfica con ausencias hasta el abandono en Asia Central y en el África subsahariana, de donde proceden un número significativo de los jueces. A la vez, superamos a la demandante en los vínculos en los principales bloques políticos y económicos. Hay que aprovechar ese potencial.

No obstante la ventaja institucional y la correcta imagen de Chile en el exterior, se evidencia un desequilibrio en la percepción internacional sobre la causa chilena y no se sabe si se han adoptado o no medidas correctivas de los planes y respecto de aquellas misiones diplomáticas en que se han advertido fallas notorias.

Por cierto que en estas acciones cabe la función valiosa, colaborativa y discreta de los ex presidentes, dirigentes políticos, académicos expertos en litigios anteriores y personalidades que por su cargos, experiencia y prestigio puedan servir como enviados especiales y aportar conocimientos, experiencias y conexiones internacionales significativas.

El aspecto comunicacional y la diplomacia pública requieren también revisarse. La importancia de esa área se ha manifestado reiteradamente y persisten objeciones, cada vez más generalizadas, sobre la carencia de un programa efectivo, también con especialistas coordinados con la defensa jurídica.

Es hora de apuntar al futuro con propuestas y una mirada renovada, en estos momentos en que se sigue debatiendo y reflexionando sobre el decepcionante fallo de la incompetencia de la Corte.