Javiera Herrera

Las expectativas de los rectores de las universidades tradicionales eran altas. Pensaban que como ya está presentada la Ley de Presupuestos, en la reunión de ayer con el jefe de Educación Superior del ministerio del ramo conocerían un estimado de los recursos que recibirían en 2016 si es que se adscriben a la política de gratuidad.

Sin embargo, el encuentro los dejó con sentimientos encontrados, pues no se les entregó la información esperada, sino que abordaron los grandes lineamientos de la política que beneficiará a cerca de 200 mil alumnos.

En el encuentro, que se extendió por tres horas, Francisco Martínez, representante del Mineduc, presentó los principales lineamientos del presupuesto y luego aclaró dudas sobre la implementación de la política.

"Se ha dejado claro que en el cálculo de las asignaciones, los criterios que se han tomado han sido orientados hacia hacer todos los esfuerzos para darle el mayor financiamiento posible a cada universidad", afirmó Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile y representante de las universidades estatales. Y añadió que, a su parecer, "de las distintas fórmulas que había para calcular las brechas (entre arancel real y regulado), se optó por aquellas que a todas luces favorecen claramente a las universidades".

Sin embargo, el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, recalcó que "aún no disponemos de algunos datos claves para que nosotros podamos ponderar los impactos que este cambio tendrá en los presupuestos". Esto, a pesar de que desde hace días los directivos han pedido datos sobre los recursos.

Por eso, "hemos quedado con el compromiso de que ese dato se entregará en los próximos días, y sobre esa base nosotros vamos a poder tener de forma más clara datos acerca del impacto que pueda tener (la gratuidad) en los ingresos de las universidades para el 2016", sostuvo Valle.

Según el rector, el próximo martes el Mineduc presentará una simulación de los aranceles regulados, que son los que pagará el Mineduc a cada institución. Esta se hará en base a los aranceles referenciales de este año, y mientras eso ocurre, las universidades trabajarán en un análisis del presupuesto que elevarán al ministerio.

Revisión

"La institución tiene que evaluar su política con absoluta libertad", recalcó ayer Francisco Martínez, quien recordó que los planteles tienen hasta el 22 de diciembre para "poder evaluar y seguir la discusión" en el Parlamento" sobre la gratuidad.

Ignacio Sánchez, rector de la U. Católica, reafirmó la postura expresada el domingo en "El Mercurio": "No podemos hoy, con estas condiciones, acceder a esta propuesta. Vamos a hacer todo lo posible para analizarla en detalle y con la mejor altura de miras y espíritu de colaboración. Pero hoy, con los antecedentes que tenemos, no podemos decir otra cosa".

Explicó que si las instituciones deben cubrir una brecha financiera, "hay que sacar los fondos de alguna parte, y estos se sacan de la calidad, de la implementación de nuevos profesores, de nuevos programas, de nuevos beneficios para los estudiantes, por lo tanto nos parece que el sistema se reduce cuando no se ponen los recursos necesarios".