Los reparos que suscita en las instituciones de educación superior la política de gratuidad del Gobierno comprenden desde la amenaza a su autonomía académica a los riesgos de su inviabilidad económica, pero el actual debate sobre la glosa presupuestaria que estrena este sistema se concentra en esta segunda dimensión.

El arancel regulado es el criterio base a partir del cual se definirá el aporte por gratuidad a las instituciones de educación superior (IES) elegibles que acepten incorporarse a este régimen a partir del próximo año. Este arancel es un promedio ponderado (por matrícula) de los aranceles de referencia de instituciones con el mismo número de años de acreditación. Ese arancel regulado es inferior al que las instituciones efectivamente cobran en la actualidad. Por esta razón se estableció en el proyecto de Ley de Presupuestos un suplemento de hasta 20 por ciento del arancel regulado. Así, varias instituciones logran los mismos ingresos que habrían obtenido en ausencia del aporte de gratuidad.

Otras, en cambio, siguen teniendo un déficit relevante. Indudablemente esta situación genera incertidumbres de distinta naturaleza para dichas instituciones. La decisión de la autoridad es arbitraria, ya que no hay ningún estudio que sugiera que los aranceles regulados -o estos incrementados en un 20 por ciento- sean buenas medidas para cubrir el costo de formar a un profesional o técnico en una IES elegible. Como los alumnos beneficiados en una primera etapa son solo aquellos pertenecientes a los primeros cinco deciles, y algunas universidades tienen una baja proporción de estos, el impacto deficitario puede ser acotado. En efecto, si bien para el promedio del CRUCh los alumnos pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable no llegan al 40 por ciento de la matrícula total, la varianza es significativa. Así, dependiendo de la institución, las proporciones irían desde 15 hasta 65 por ciento. La relevancia del déficit, de existir, dependería tanto de la brecha entre el arancel efectivo neto (descontando becas que pudiesen tener las IES para estos jóvenes) y el aporte por gratuidad como de la proporción de estudiantes de los cinco primeros deciles.

Si el déficit es pequeño respecto de los ingresos actuales, quizás una institución podría absorberlo transitoriamente, pero siempre que exista claridad respecto de las condiciones de financiamiento futuras. Sobre todo porque si no cambia la definición actual del aporte por gratuidad y no hay recursos complementarios, el déficit de la IES va a incrementarse a medida que aumente la población estudiantil cubierta. Es evidente que tampoco es una solución estable a este déficit un alza de los aranceles del 50 por ciento de los estudiantes que no reciben el beneficio, porque se supone que la gratuidad se irá extendiendo gradualmente. Es, entonces, apenas una medida que posterga el momento en que se materializa el déficit. En estas circunstancias, las únicas posibilidades son reducir las actividades que realiza la institución o reequilibrar la matrícula entre distintas disciplinas para minimizar la brecha entre los aranceles efectivos y regulados. En cualquier circunstancia, este fenómeno limita los proyectos universitarios, y eventualmente también los de institutos profesionales y centros de formación técnica (aunque en estos casos las brechas no serían tan significativas).

El debate presupuestario va a estar muy marcado por esta situación. Las diversas instituciones van a ejercer presiones para asegurar los mismos ingresos que hubiesen obtenido en ausencia de la política de gratuidad. La discusión se va a realizar sin estudios que permitan definir criterios más objetivos para establecer estos aportes. Además, con señales imprecisas respecto del marco regulatorio, en particular las exigencias que enfrentarán en el futuro las IES, y de financiamiento de la investigación; es decir, se somete a estas instituciones a un riesgo y una tensión innecesarios. Pero al mismo tiempo se muestran las inconveniencias de una política de gratuidad universal, ya no solo desde el punto de vista de su impacto redistributivo, sino también desde el punto de vista de la evolución de las instituciones. Un sistema de educación superior diverso cuyos ingresos quedan supeditados a decisiones tan poco transparentes y rigurosas de la autoridad de turno, que es obvio están influidas por restricciones financieras de corto plazo, difícilmente puede proyectarse con la seriedad que exige el desarrollo de instituciones complejas. La política de gratuidad universal tiene claros costos. En cambio, los beneficios sociales son cada vez más difíciles de discernir.