Cabe celebrar el giro hacia el realismo impreso en el proyecto fiscal que inicia su trámite legislativo mañana. Ha provocado una polémica innecesaria el que la expansión del gasto público haya sido presentada en relación con el ya elevado nivel que se prevé para este año, que está por sobre lo estipulado en la ley vigente. Pero es incuestionable que el presupuesto que ha confeccionado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, introduce una sana cuota de austeridad.

El presupuesto contempla para 2016 un incremento de 4,4% real en el gasto fiscal, lo que es la mitad del aumento previsto para el presente año. No será tarea fácil refrenar los apetitos de gasto desatados por el demagógico programa de gobierno y el populismo que aloja en sus partidos.

Producto de la expansiva política fiscal seguida hasta ahora y considerando el presupuesto anunciado, el gasto público habrá crecido un 20% en términos reales durante los primeros tres años de la presente administración. Mientras tanto, el PIB probablemente se habrá incrementado en 7% y el gasto interno -cuyas tres cuartas partes corresponden al sector privado-, tal vez en un 3%. El Gobierno está sirviendo su objetivo ideológico de acentuar el peso del Estado. Pero la contrapartida de ello es una notoria pérdida de la capacidad de crecimiento de la economía. Lo hasta ahora comunicado -fuerte aumento de las transferencias fiscales para sustituir la inversión privada en educación y freno a la inversión pública en infraestructura y vivienda- hace pensar que la política fiscal del 2016 militará contra el tan necesario aumento de la inversión, el empleo y la productividad.

La expansión del gasto y la debilidad de los ingresos -afectados por el bajo crecimiento y la caída del cobre- hacen prever que el déficit fiscal se mantendrá en torno al 3% del PIB. Ello implica un ritmo de endeudamiento fiscal que sería muy imprudente sostener a futuro. Incluso el déficit "estructural" -que excluye factores pasajeros- se ha señalado que sería recalculado a 1,6% del PIB y rebajado solo muy suavemente en los próximos años. La meta de eliminar dicho déficit -que en parte motivó la reforma tributaria- ha sido archivada.

Chile se ha ganado la confianza de los inversionistas por el buen manejo de sus finanzas públicas. Dilapidar ese valioso patrimonio sería imperdonable. Los lineamientos presupuestarios anunciados para el 2016 y la inquietante perspectiva del cobre sugieren que será necesario acentuar la dosis de austeridad fiscal en los años siguientes. La Presidenta Bachelet y su ministro de Hacienda deberían hacer ver que el Gobierno en verdad ha aquilatado que los ambiciosos planes de gasto público contemplados en su programa se han tornado inviables.