Con la presentación esta semana por el Ministerio de Hacienda del proyecto de Ley de Presupuestos se ha iniciado el proceso que definirá el monto y la distribución de los gastos a realizar por el Estado durante 2016. No pasa inadvertida, como señal de realismo, la utilización de términos tales como "priorización", "gradualidad" y "responsabilidad fiscal" en el mensaje del proyecto de ley.

Si bien la autoridad económica ha argumentado que el presupuesto experimentaría un aumento del 4,4% con la propuesta actual, lo cierto es que el aumento se eleva sobre el 6% cuando se utiliza una base de comparación técnicamente más apropiada, como es el monto de la Ley de Presupuestos aprobada en 2015. Pero, más allá de discutir el impacto de un presupuesto más expansivo de lo esperado, la distribución de los recursos dentro del mismo llama a reflexión.

La focalización debe ser prioridad

Durante las últimas dos décadas, los presupuestos de la nación han tenido un claro énfasis social, y el de 2016 no es la excepción. El absoluto dominio de las partidas de trabajo, salud y educación así lo demuestra: ellas tres representan más del 50% del gasto previsto.

Sin embargo, es fundamental que el "acento ciudadano" del presupuesto -comunicado por la autoridad- no implique la instauración de un "Estado de Bienestar". La experiencia internacional ha demostrado que la ampliación de los derechos ciudadanos de la mano del apoyo del Estado puede no significar un paso al desarrollo, sino todo lo contrario, y el caso griego lo ilustra dramáticamente.

Para evitar esos riesgos es importante mantener la focalización del gasto social en los más vulnerables. La discusión en el Congreso sobre los énfasis del presupuesto, en el contexto de una economía estancada en un mezquino crecimiento y un escenario internacional complejo, es la oportunidad para retomar esa preocupación.

No descuidar el crecimiento

Junto a lo anterior, Chile debe asegurar que el Estado pueda realizar acciones que apunten a promover el crecimiento económico. Esto requiere un diagnóstico preciso de las necesidades del país, y de sus ventajas comparativas globales, lo que debe terminar plasmándose en una Ley de Presupuestos que compatibilice las acciones del Estado para un período de 12 meses con una visión de más largo plazo.

La propuesta para 2016 no cumple cabalmente ese objetivo. Su moderada expansión viene junto con una caída en partidas que pueden ser claves para promover el potencial del país, en especial la inversión pública.

Si bien la evidencia internacional sugiere una débil correlación entre la inversión pública y el crecimiento económico, los estudios sí muestran una sólida relación entre el crecimiento anual promedio del stock de capital público de una economía y su crecimiento. Esto significa que para que la inversión pública produzca efectos positivos, no puede solo compensar la depreciación del stock de capital, sino que también aumentarlo. Es en este contexto que la decisión de Hacienda de reducir la inversión pública en 2,4% no ha sido bienvenida por los expertos. Y la justificación del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en cuanto a que la medida era necesaria para hacer espacio a carteras como Educación, no contribuyó al optimismo, puesto que se estima transversalmente que las propuestas de la administración de la Nueva Mayoría respecto del sistema educativo, entre ellas la gratuidad, no contribuirán a mejorar su calidad.

Señales de áreas rezagadas

La situación es particularmente delicada si se considera el deterioro de la competitividad del país a causa, por ejemplo, de los atrasos en infraestructura. Tal como fue planteado en el estado de la Hacienda Pública del año recién pasado, mientras en 2006-2007 el World Economic Forum ubicaba a Chile en el puesto 31 del ranking de competitividad por infraestructura (transporte, telefonía y energía), las más recientes versiones del mismo comprueban un fuerte deterioro en nuestra posición relativa. De hecho, en su versión 2014-2015 el país aparece en la posición 50 en el ranking agregado, mientras en los subrankings de calidad de infraestructura ferroviaria aparece en la posición 73 (entre Pakistán y Bangladesh); de calidad de infraestructura de transporte aéreo, en la 45 (entre Azerbaiyán y El Salvador); de calidad de la oferta de energía eléctrica, 54 (entre Estonia y Grecia).

El proyecto de Ley de Presupuestos 2016 podría contribuir más decididamente a que Chile vuelva a destacarse en la región y el mundo por su alto crecimiento económico. Es cierto que su moderada austeridad es bienvenida, pues al menos se considera el impacto que están teniendo sobre los ingresos del Estado el cóctel de malas políticas públicas y complejo escenario externo, pero el sacrificio sobre la inversión pública no es fácil de comprender.