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Editorial
Viernes 04 de septiembre de 2015
Rayados y grafitis
Hay que reforzar las medidas de prevención en paralelo a los esfuerzos de limpieza. Sin énfasis en iniciativas de educación urbana, difícilmente avanzaremos en la erradicación de esta conducta...
Los rayados en las calles de la comuna de Santiago se están volviendo un tema cada vez más recurrente, costoso y sumamente molesto tanto para los vecinos como para la municipalidad. La alcaldía de Santiago anunció recientemente que presentará una demanda colectiva, en conjunto con los vecinos, con el objeto de perseguir a los eventuales responsables. Sin embargo, se puede anticipar que el efecto será menor, pues el problema está mal manejado de raíz.
Durante el año 2014 la municipalidad financió la limpieza de diez kilómetros de la Alameda. Según dijo la alcaldesa, Carolina Tohá, dicho programa fue un éxito, por lo que buscó ampliarlo e incorporar ocho kilómetros más en Avenida Matta y Matucana, dos de las calles más afectadas por los rayados en el sector. Este programa, "Limpieza y mantención de fachadas", implica la inversión de $430 millones por parte del municipio y durará 18 meses, hasta fines de 2016. Es una de las municipalidades de la Región Metropolitana que más gastan en este tipo de acción.
La empresa Alta Presión, encargada de la ejecución del programa, asegura que aparecen unos 20 rayados diarios en Avenida Matta, que es solo una de las tres avenidas más importantes de la comuna. El Colegio Francisco Arriarán, por ejemplo, con 126 años de antigüedad y ubicado en la misma calle, fue rayado a tan solo 72 horas de haber sido pintada su fachada, y no es la primera vez que esto ocurre. Según los habitantes del barrio Brasil, nueve de cada diez casas están rayadas. Los vecinos del sector están indignados y han formado grupos en redes sociales por medio de los cuales han denunciado estas prácticas y piden constantemente explicaciones a la alcaldesa.
Sin embargo, las herramientas legales disponibles hoy día no resultan eficaces para combatir este problema. La ley de monumentos castiga hasta con 5 años de cárcel y con el pago de hasta $8 millones de multa siempre y cuando se logre atrapar al autor de los rayados in fraganti y el inmueble afectado sea un monumento nacional, lo que implica la concurrencia simultánea de dos factores difíciles de cumplir. Por otra parte, si bien los municipios cuentan con ordenanzas para evitar los rayados, las penas son muy bajas (oscilan entre 1 y 5 UF). Por esta razón, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la semana pasada una ordenanza que sanciona hasta con $220 mil (cerca de 9 UF) a quienes efectúan rayados, pegan carteles o dañan los bienes públicos o privados.
La realidad demuestra que las medidas implementadas por la Municipalidad de Santiago han sido poco efectivas. El alto monto invertido en su programa parece justificado tratándose de una comuna que alberga edificios patrimoniales y emblemáticos de la historia de la ciudad. Sin embargo, si no se complementa con medidas eficaces de control, el gasto resultará estéril.
Hay experiencias valiosas en el combate de lo que algunos califican como una verdadera plaga urbana. En Nueva York, por ejemplo, existe la Antigraffiti Task Force , creada en 1995, que combina programas de educación y trabajos con la comunidad, junto con una legislación estricta. Allí, las multas pueden llegar a cerca de un millón de pesos.
En nuestro país, hay que reforzar las medidas de prevención en paralelo a los esfuerzos de limpieza. Sin énfasis en iniciativas de educación urbana, difícilmente avanzaremos en la erradicación de esta conducta.