El principal problema de Codelco no es el precio del cobre, puesto que carece de injerencia sobre él. Este depende de los mercados mundiales y, en esta dinámica, se ha demostrado que está sometido a distintos ciclos, con años sobre y otros por debajo, o cercano, a los costos de producción. Ello requiere de la empresa una atención siempre alerta al desarrollo de mejoras de operación, permanente contención y flexibilización de los gastos, una clara agenda de inversiones y planes previos de contingencia para los ciclos negativos.

En definitiva, el principal obstáculo de la cuprera estatal son sus costos. Ellos han subido de modo constante y en forma significativa en los últimos años, especialmente los laborales, que algunos estiman corresponden a cerca de un tercio de los costos de producción.

Ello se debe a dos factores claramente perceptibles. Por un lado, a las presiones sindicales y, por otro, a la incapacidad de las sucesivas administraciones para contenerlos, en parte por falta de respaldo político, y en parte por la tardía o negativa autorización de las cuantiosas inversiones requeridas para aumentar la producción y mejorar la productividad y la rentabilidad de una de las principales empresas mineras del mundo.

Entre varias, hay dos constantes negativas del Estado empresario. Primero, la politización de sus empresas y, especialmente, la aversión de los gobiernos y de los dirigentes políticos al conflicto social, agentes que interfieren en su gestión y dejan desamparados a los administradores frente a las presiones sindicales. Segundo, la voracidad del Estado para extraer las utilidades y, consecuentemente, para limitar las inversiones indispensables para el buen funcionamiento, crecimiento de la empresa y para sortear previsibles períodos de bajo precio.

Es un hecho sabido que Codelco presenta una sobredotación de personal y que mantiene faenas a pérdida y con altísimas remuneraciones, desajustadas de la productividad. A ello se agrega que históricamente el Estado la ha obligado a transferirle la casi totalidad de sus utilidades. Semejante comportamiento prácticamente no se presenta en el sector privado, en que los controladores de la propiedad reinvierten una proporción importante de los excedentes en todos los ejercicios. Ahora, por primera vez en años, desde que Codelco fuera estatal, el Gobierno revertiría y corregiría esta tendencia.

Codelco tiene la obligación de ajustarse a las nuevas realidades, especialmente considerando las sombrías proyecciones del precio del cobre. Así está procediendo la minería privada, incluso compañías que operan a menores costos que la estatal. Algunas mineras se han asociado para rebajar los costos de producción e inversión, otras se han desprendido de activos, cerrado faenas, reducido personal y han renegociado con proveedores y contratistas.

La actual administración de la empresa ha logrado con éxito que el Gobierno se comprometa con su ambicioso e indispensable plan de inversiones. Pero está pendiente el apoyo político a su programa de contención de gastos que con seriedad, responsabilidad y transparencia están resueltos a llevar adelante el presidente del directorio y su presidente ejecutivo.