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Editorial
Jueves 03 de septiembre de 2015
Mayor escrutinio en la reforma
Cabe celebrar que la ministra revalorice la experiencia y el concurso de expertos en el proceso de debate al interior del Gobierno...
Ha hecho bien la ministra Delpiano en asegurar una pausa reflexiva y estudiar con más cuidado las iniciativas permanentes que conformarán el nuevo marco de la educación superior del país antes de presentarlas a la deliberación del Congreso.
Hay que celebrar, además, que la ministra esté dispuesta a revalorizar la experiencia y el concurso de expertos en el proceso de debate al interior del Gobierno. El consejo consultivo creado para estos propósitos puede aportar realismo a la propuesta gubernamental y, sobre todo, definir un cronograma de cambios y evaluación de los mismos que permita a las instituciones proyectarse razonablemente y, también, asegurarse de no producir eventuales consecuencias negativas. La enorme cantidad de debilidades que presentan los documentos que hasta ahora han emanado del Ministerio en materia de educación superior demuestran que era indispensable fortalecer el debate interno.
Más difícil es la posibilidad de introducir igual pausa en la promesa de anticipar la gratuidad para 2016, ya que ella fue anunciada en la cuenta pública del 21 de mayo. Esa primera etapa involucra a menos de un quinto de los estudiantes de pregrado, pero la carencia de un marco preciso para definir las condiciones bajo las cuales se implementará y las discriminaciones en la definición de las instituciones que podrían participar le han restado legitimidad ante la opinión pública y las instituciones de educación superior.
Las críticas respecto del consejo consultivo no se han hecho esperar. Muchas de ellas provienen de voces que han pedido cambios estructurales en educación superior, pero sin hacerse cargo de los efectos de esas transformaciones; que desconocen acabadamente la realidad del actual sistema, y que mantienen una escasa o nula mirada a la experiencia internacional en esta materia. Muchas de las críticas son injustas, toda vez que se concentran en miembros específicos que, más allá de sus ideas o actuaciones, han exhibido un compromiso real con el logro de buenas instituciones y políticas públicas en educación. Por lo demás, estas críticas olvidan que el Ejecutivo no ha elaborado una agenda razonable de cambios en educación superior y que este consejo no tiene ningún poder de veto.
Su objetivo, en definitiva, es someter, a partir de la experiencia y de su conocimiento, a las diversas propuestas a un escrutinio mínimo que hasta ahora ha estado ausente. Los críticos deberían reconocer que si una instancia de esta naturaleza hubiese estado presente desde el comienzo, difícilmente habríamos sido testigos de la comedia de equivocaciones que se ha producido en este ámbito y es muy posible que a estas alturas la reforma de la educación superior se hubiese hallado en una etapa de mayor avance. Otro tanto puede decirse del papel que podría haber desempeñado una instancia análoga en la reforma a la educación escolar. Un ejercicio más reflexivo hubiese fijado otras prioridades, como iniciar el proceso reforzando la educación pública en vez de poner el foco en eliminar el copago y la selección académica en los colegios particulares subvencionados. No se advierte -a estas alturas del proceso- el efecto real de esas medidas en la calidad de la educación y en la integración social, y son muchas las dudas sobre el verdadero ritmo de implementación que tendrán sus distintas disposiciones.
Por cierto, es importante que las autoridades educacionales aprovechen la creación de este consejo consultivo para lograr un proyecto de educación superior más razonable. Indudablemente persistirá el debate en puntos sensibles, ya que sigue siendo inentendible que, por ejemplo, el país opte por asegurar gratuidad universal en este segmento cuando son tantos los países que la han desechado como política y que la han abandonado o están esperando la oportunidad política de hacerlo. Por eso, a medida que pasa el tiempo, el cuestionamiento a esta reforma crece. Frente a estos desaciertos que, en estricto rigor, provienen de la gestión anterior, la resolución de la ministra es una señal de responsabilidad.