Los casos de faltas a la probidad surgidos en los últimos meses -conflictos de interés, tráficos de influencia y corrupción- han comprometido aún más el prestigio de la política, dejando en entredicho a algunas de las empresas que participaron en el financiamiento de esa actividad, como a operadores políticos, funcionarios de gobierno y parlamentarios de diverso signo. A pesar de ello, el trabajo legislativo derivado de la comisión gubernamental dispuesta para esos efectos por la Presidenta y presidida por el economista Eduardo Engel no ha logrado desplegar un avance satisfactorio, ni tampoco la agenda respectiva ha conseguido atraer la atención de la ciudadanía.

El propio presidente de la comisión ha mostrado su desazón por el escaso avance que han tenido algunos de los temas clave que ella recogió. Entre ellos se encuentran los relativos a la nueva ley de partidos políticos y el financiamiento que ella contempla para estos, así como lo referido a la nueva orgánica que la comisión propuso para el Servel. En este caso, la preocupación se centra en los recursos y capacidades que aquel tenga para ejercer una adecuada fiscalización de las campañas políticas y los límites al gasto, así como de la operación de los partidos políticos en el nuevo escenario.

Una parte de los problemas se debe a que las recomendaciones de la comisión se tradujeron en 21 iniciativas de ley y 14 medidas administrativas, cada una de las cuales corre por carriles distintos, cuyo seguimiento no es fácil de gestionar para un Ministerio Secretaría General de la Presidencia cuyas dificultades para una buena interacción con las bancadas oficialistas parece ser un hecho. Por otra parte, la agenda educacional, la reforma laboral, las propuestas en materia de salud y las definiciones del proceso constitucional, entre otras, son iniciativas que se impulsan con mayor o menor convicción, pero que responden a la inspiración original de la coalición gubernamental. Por el contrario, la modernización del sistema de partidos, el financiamiento de la política y los temas de probidad emergieron como prioridades ineludibles a partir de la crisis desatada por los casos Penta, SQM y Caval. Incluso en sus inicios, fruto de un errado diagnóstico, los hechos parecían afectar únicamente a los opositores, pero terminaron involucrando al epicentro político y personal de La Moneda. Eso introdujo una dificultad adicional que paralizó por momentos al Ejecutivo y derivó en una profunda reestructuración del gabinete. Si ya se le ha hecho muy difícil administrar los proyectos que le propuso al país en la campaña, porque estos habían sido poco estudiados y, además, han probado no sintonizar con la ciudadanía como se hubiera anticipado, se entiende la dificultad adicional que esta agenda específica enfrenta.

Sin duda que los problemas de probidad son importantes de resolver, no solo por la gravedad moral intrínseca que significa para una sociedad el que ellos se inserten en el tejido social, sino además porque han sido identificados como una de las causas de la desafección de la ciudadanía con la política, un síntoma que pavimenta el camino al populismo, mal que tiende a entronizarse en la región de tiempo en tiempo. En cualquier caso, a pesar del consenso para abordar este problema, surgen legítimas dudas respecto del contenido de algunas de las propuestas de la comisión gubernamental y la consiguiente agenda de medidas. Por ejemplo, en lo que se refiere a los partidos políticos, está claro que aunque la transparencia de sus decisiones es importante para su mejor funcionamiento, no debe olvidarse que se trata de agrupaciones voluntarias respecto de las cuales no se debe abusar del argumento de que si reciben recursos del Estado -de los contribuyentes, en definitiva-, entonces este les pone las reglas del juego como si fueran entes públicos, porque entonces se afecta de modo no anticipable su sana autonomía.