Un sindicato de Metro ha conseguido reducir la capacidad de este servicio mediante la estrategia de simular situaciones -carteras atrapadas en las puertas, por ejemplo- que requieren que el metro funcione más lento. La frecuencia de trenes bajó entre treinta y cuarenta por ciento, elevando el tiempo de viaje de los usuarios en alrededor de un 30%. Con esto el sindicato, formado por la unión de dos sindicatos preexistentes, pretendería presionar para renegociar contratos laborales ya firmados por los sindicatos originales. El conflicto se arrastra por algún tiempo, lo que ha llevado a que la percepción del servicio por los usuarios ha empeorado.

El episodio grafica la práctica de tratar como rehenes a los usuarios o clientes de un servicio para presionar a la contraparte de una actividad laboral, incluso -en este caso- al margen de un proceso de negociación colectiva propiamente tal. Es un comportamiento que parece hacerse cada vez más frecuente. ¿Cómo explicar si no los paros portuarios anuales en temporada de carga de frutas; los paros de los profesores, que dejan a los niños sin poder educarse; los paros de Aduanas en fines de semana largos, o del Registro Civil y de los servicios de salud? A diferencia de lo que el público entiende como una huelga, en que una empresa deja de producir y sus clientes obtienen el producto con otro proveedor, aquí se utiliza a los terceros no involucrados y sin alternativas como arma para presionar a la empresa o al Estado.

Estos paros o retrasos intencionales en estas actividades tienen un carácter distinto de las huelgas clásicas. Es difícil para la empresa o el Estado resistir estos movimientos de los trabajadores, porque el costo para la ciudadanía es muy alto. No es fácil contrarrestar este exceso de poder sindical. Una alternativa es el terreno de la opinión pública. Para esos dirigentes y sus representados debe tener un costo ante la ciudadanía el utilizar estas prácticas o medidas de presión en las relaciones laborales. El apoyo del público contribuye a la adopción de medidas por el Estado. Esto ya ocurrió con los dirigentes autobuseros en el gobierno del Presidente Lagos, y fue efectivo.

Es lamentable que el proyecto de reforma laboral en trámite no se haga cargo de este tipo de comportamientos, y más bien tienda a favorecerlos.