Al enterarse 10 años desde el inicio del nuevo sistema de justicia penal en todo el país, "El Polígrafo" de este diario investigó el grado de cumplimiento efectivo de las expectativas que se plantearon para impulsar esta reforma. Consultados los registros de expertos y autoridades de la época, el conjunto de sus apreciaciones básicamente confirma la opinión que se ha ido formando la ciudadanía: es un sistema más rápido que el antiguo -el anterior promedio de duración de los procesos era de 5 años, hoy es de 186 días-. Sin embargo, empieza a mostrar cierta preocupante tendencia al alargamiento de los juicios, de lo cual el "caso Tsunami" es una muestra.

Emerge un factor poco destacado hasta ahora, el de los roces entre fiscales y abogados: el colegio de estos últimos informa sobre reclamos de sus agremiados contra persecutores que no cumplen garantías mínimas para la defensa -tales como citas entre fiscales e imputados sin el defensor presente, escuchas telefónicas de conversaciones entre el abogado y su cliente-. Además, se critica que los controles internos del Ministerio Público no han evitado malos comportamientos estratégicos indebidos en la actuación de los fiscales. Con todo, hay consenso en que han mejorado los derechos y garantías de los intervinientes. Una consecuencia de eso se observa en una modificada composición de la población carcelaria: antes la población recluida correspondía en 50% a procesados o detenidos, y los condenados eran el restante 50%. En 2013, los condenados eran el 77% de los reclusos, y los detenidos e imputados o procesados, el 23%. Esto sugiere que habría ahora menos individuos privados de libertad sin razón jurídica suficiente, confirma que han disminuido los tiempos de respuesta, y que habría una racionalización del uso de la prisión preventiva.

Las fiscalías especializadas que se anticiparon solo existen como unidades asesoras y de apoyo, pero no operativas, con excepción de las fiscalías de alta complejidad. La Fiscalía Nacional tiene cinco unidades asesoras especializadas, pero los persecutores más bien se van capacitando en la práctica, sin una formación previa formal como la que sí reciben los jueces.

En cuanto a mayor o menor eficacia, hay voces discrepantes, pero la mayoría estima que la eficacia es mayor: hay el doble de causas, de población penal y más condenas. Las cifras disponibles así lo avalan, aunque cabe insistir en la falencia muy grave de que solo una porción de los casos delictivos llega a conocimiento de los tribunales.

Una fuerte queja apunta a un exceso de archivo de denuncias que, según el Ministerio Público, no tengan posibilidad de éxito. La insatisfacción pública es real, pero las cifras, que obviamente no son del todo comparables, sino una mera referencia, muestran que Chile tiene tasas de archivo parecidas a las de otros países, donde la mitad de las causas se archiva por incapacidad para identificar sospechosos. En 2014 fue el 46% de ellas.

Los reproches más duros al nuevo sistema se centran en la expectativa -erradamente alentada incluso por algunas autoridades de la época del cambio- de que él favorecería el aumento de la seguridad ciudadana y de los niveles de confianza social. En realidad, ningún sistema procesal democrático puede asumir solo esta tarea, pues depende también de otros actores y factores no judiciales, como la eficacia policial y la cobertura y calidad de los programas de prevención y reinserción. En cambio, la transparencia y publicidad de los juicios son avances que nadie objeta.

También es evidente la necesidad de mejorar la coordinación de los fiscales con las policías y demás actores del sistema, a cuyo respecto ha sido muy escasa la acción de los sucesivos titulares del Ministerio de Justicia. Esta coordinación, una mejor selección y perfeccionamiento de los fiscales y un salto cualitativo en los estándares de investigación son las principales tareas que deberá abordar el nuevo fiscal nacional.