Es evidente que la reforma a la educación superior está muy atrasada. El documento que publicó el Ministerio de Educación con los criterios básicos de la misma exhibe innumerables vacíos e imprecisiones que revelan una falta preocupante de avance. El Gobierno ha hecho un reconocimiento implícito postergando la presentación de los proyectos que definirán este cambio institucional. También ha creado un Consejo Consultivo que permita contar con mejor asesoría para la reforma que se quiere emprender. Ambas decisiones son positivas. Los efectos de reformas mal diseñadas pueden tener consecuencias devastadoras para el sistema de educación superior, incluyendo a las instituciones estatales que el Gobierno aspira a potenciar.

Se ha insistido, sin embargo, en mantener el adelanto de la gratuidad para 2016. Ello obliga, en ausencia de un proyecto de ley, a definir criterios en la próxima Ley de Presupuestos, cuyo proyecto debe presentarse a más tardar el 30 de septiembre. Así, una materia de tanta trascendencia se va a regular en una glosa presupuestaria. Hasta ahora se han anunciado los criterios que deben satisfacer las instituciones beneficiadas que están fuera del Consejo de Rectores. Estos son más exigentes que para las privadas que están dentro de esa organización, lo que instala una legítima duda de constitucionalidad. Pero, más importante, desde el punto de vista de la planificación de las instituciones, no hay claridad sobre la manera en que se definirá la asignación por gratuidad y tampoco respecto de si, como forma de control del gasto, se definirá la matrícula que estas instituciones podrán aceptar.

El monto de los recursos que se destinará a esta iniciativa es clave si se considera la presente estrechez fiscal. Más todavía cuando el comité de expertos que acordó el precio de largo plazo del cobre lo hizo en un momento muy distinto al actual. Incluso no habría que descartar una revisión de urgencia. En estas circunstancias, el Gobierno debería postergar la decisión de iniciar la gratuidad en 2016, sobre todo si se considera que en la actualidad hay cobertura de becas para el 60 por ciento de menores ingresos.

Mientras se discuten estos asuntos, la Comisión Nacional de Acreditación publicó nuevos criterios para las instituciones que enfrentan estos procesos. De su revisión emergen algunas dudas. Así, por ejemplo, es discutible que a todas las instituciones de educación superior se les exija que promuevan la investigación, sobre todo porque la mayoría son, en estricto rigor, docentes, algo que es propio de un sistema de acceso masivo. Además, hay muchas imprecisiones, las que podrían conducir a discrecionalidad por parte de los pares evaluadores en áreas sensibles como participación estudiantil, por ejemplo. Es evidente que en el debate educacional ha faltado un proceso más reflexivo.