Cierta extrañeza causan las declaraciones de la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia en el sentido de que ahora "por primera vez este país va a tener una ley que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes"; con el proyecto de ley que se enviaría al Congreso dentro de este mes, el Ejecutivo pretende "cambiar la relación del Estado con los niños, de ver al niño como objeto de políticas públicas, a transformarlo en una persona que es válida por sí misma". Estas afirmaciones no son del todo efectivas y desconocen la realidad de los esfuerzos que se han hecho al menos desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño para contar con una legislación adecuada a la situación de los menores de edad. Desde luego que hay mucho por hacer, y en ciertos ámbitos también se debe poner atajo urgente a situaciones inaceptables, no pocas de las cuales afectan a los niños que se encuentran bajo la custodia del Estado; pero llama la atención el estilo propagandístico de los anuncios emanados de una instancia que debería ser eminentemente técnica.

En cuanto a las ideas matrices del proyecto, la transformación de los niños en "personas válidas por sí mismas" tendría como consecuencia principal que ellos puedan desarrollar su vida privada, gozar de intimidad personal y mantener sus comunicaciones privadas libres de toda "intromisión" de los padres. Esto vale no solo para la correspondencia por correo y otros medios electrónicos, sino también para los "espacios" que el niño quiera tener a solas con el médico, excluyendo a los padres. El principal argumento para promover este ámbito de exclusión de los padres consiste en que si estos tuvieran una relación de confianza con los hijos, ese espacio de privacidad no debería ser problemático. Igual que el tono propagandístico del anuncio, sorprende la simplicidad de la propuesta, pues parece desconocer por completo que la autonomía de los niños se encuentra en formación y debe ser educada, que los padres y madres -aun con la mejor voluntad- no siempre aciertan, y que los niños son objeto de graves ataques a través de medios de comunicación electrónicos. Estos ataques cuentan precisamente con la tendencia de algunos menores de ciertas edades a considerarse a sí mismos como adultos, y se aprovechan de ella para ocultar esos ataques con la complicidad del menor.

El proyecto parece estar en línea con la estrategia socializante que consiste en interponer al Estado en las relaciones de los hijos con sus padres. Apoyándose en argumentos verdaderos -es correcto que los padres deben ganarse la confianza en lugar de imponerse a sus hijos, y que la forma de vida de los niños no puede estar en función de los objetivos de sus padres-, los saca de contexto para promover un régimen que puede servir para cuestionar formas legítimas de educación o alternativas plausibles de configuración de las relaciones familiares o escolares. No será la primera vez que en Chile se garanticen los derechos de los niños, ni que se les considere como personas de conformidad a la ley. Sin embargo, este proyecto de ley de infancia podría acabar reclamando el dudoso privilegio de ser el primer intento de expropiar la relación de los padres con sus hijos.